Conceptos jurídicos básicos para “3500 millones”: El “contrato social”

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A cuenta de mi artículo de ayer sobre la última expropiación de Evo Morales, el señor Gonzalo Fanjul y un servidor hemos podido intercambiar, en un tono muy amable y cordial (como no podía ser de otra forma), una serie de tweets sobre la seguridad jurídica, los derechos de los emigrantes ilegales y la existencia de un “contrato social” que supondría la asistencia sanitaria a emigrantes ilegales equivalente a la reclamación de seguridad jurídica por parte de España frente a expropiaciones bolivianas.

Siento auténtico pavor por las consignas. Una de las que más se repite, por ejemplo, es la de “la austeridad no es suficiente”. Como si en realidad alguien en alguna parte del mundo hubiese aplicado algún conjunto de medidas realmente austero. En realidad, lo que quieren decir no es que “deben aplicarse más medidas liberales”, sino que hay que encontrar nuevas formas para estimular la economía. O imprimir más dinero.

A mí esto del “contrato social” como si fuera un halo protector de derechos al margen de lo que digan la Constitución y las Leyes me suena a un nuevo slogan con el que los defensores de la actual socialdemocracia (también conocidos como Generación Prima) pretenden protegerla. La verdad, tengo que reconocer que esto de que “existe un contrato social que obliga al Estado a mantener un Estado del bienestar” suena cojonudo.

En fin, ya saben que para mí esto de dejar de timarse a uno mismo es una cuestión de principios. Por ello, me molestaré en explicar qué es la seguridad jurídica, porqué el “contrato social” como algo abstracto no tiene ninguna validez jurídica y sus consecuencias.

Seguridad jurídica.

A lo cafre, podemos concluir que la seguridad jurídica consiste en el respeto por los contratos firmados, la conciencia de que las condiciones jurídicas de un país no cambiarán de otra forma que no sea siguiendo un procedimiento previamente establecido y no arbitrario, y la limitación de la retroactividad de los efectos de las nuevas normas. La correcta aplicación de este principio suele diferenciar claramente las democracias occidentales de las dictaduras.

Esta condición suele ser muy importante cuando se habla de invertir millones de euros en un país. Por ejemplo, cuando sale Hugo Chávez expropiando los edificios que no actúan de acuerdo a su voluntad en la tele simplemente porque sí, sin respetar un procedimiento previo claramente establecido, está ignorando el principio de seguridad jurídica.

No obstante, se puede respetar este principio y actuar con la misma arbitrariedad. Basta con recoger en las leyes y cartas magnas principios del tipo “toda riqueza queda subordinada en la forma que se estime oportuna por el Gobierno” y que dicha forma oportuna sea simplemente, según la ley que desarrolle este precepto, que al presidente se le ocurra una expropiación bajo cualquier pretexto. ¿Respeta la seguridad jurídica? Sí. ¿Montaría un servidor un negocio en un lugar así? Ni harto de vodka del malo. ¿Sigue siendo reprobable la actuación estatal? También.

Contrato social.

Concepto inventado por Jean Jacques Rousseau. Aquí hubo una discusión muy interesante sobre las ideas relativas a Rousseau, y aquí una refutación en menos de 5 minutos.

Más allá de que el señor Rousseau ni se planteara la idea de un Estado del Bienestar como el que tenemos actualmente (o el del siglo XIX), hay dos cosas que no se pueden hacer. La primera, considerar el contrato social como aquello que nos dé la gana, sin definirlo previamente. La segunda, creernos que el “contrato social”, sin siquiera ninguna definición objetiva a la que agarrarnos [no ya un reconocimiento expreso en las normas jurídicas], puede ser un principio jurídico a respetar por legisladores, tribunales y ciudadanos.

En España existe una Constitución vigente, aprobada mayoritariamente por referéndum en 1978. A mí me gustará más o menos, pero cuando hablamos de Derecho, esta Constitución es lo que hay. Y en ella no se recoge ningún “contrato social” en términos de “todo el que esté en España tiene derecho a una socialdemocracia a la sueca” o derivados. Lo que nos dice es que estamos obligados a obedecer lo que se ponga en ella y las normas que la desarrollen. Luego, existen los criterios de los “Principios rectores de la política social y económica” (Título I, Capítulo III). En estos principios no se recoge un “contrato social” como tal, sino la enumeración de una serie de derechos positivos y el deseo de protegerlos y lograr buenos resultados. Y estos derechos se plantean de forma que deben ser desarrollados por leyes ordinarias. Tampoco existe en el artículo 9.3. Y no hay más donde buscar.

Seguridad jurídica Vs. Contrato social

La diferencia está en la falsabilidad de los planteamientos. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos de remitirnos a la Constitución y a normas que la desarrollan. Uno sabe a qué agarrarse cuando está todo escrito de antemano, y puede juzgar dónde invierte su dinero, su tiempo, su esfuerzo y su vida. El “contrato social”, si no se define y se plasma en normas que posteriormente se aprueban, tiene la misma voluntad que los deseos de cualquiera. El mismo valor que la creencia religiosa, que su opinión y que la mía. Y la misma arbitrariedad que puede emplearse para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria para los emigrantes ilegales puede emplearse para tratarles todavía peor, o para discriminar negativamente a mujeres, gays, católicos, ateos, niños, mayores, personas de un estatus social, de otra raza o por cualquier otra bobada que se nos ocurra.

Derechos y putadas de la vida.

Esta vida da asco. Así de crudo. Las injusticias han sucedido a lo largo de la historia, siguen sucediendo y sucederán por los siglos de los siglos. Es una putada que una persona que necesita trabajar para mantener a su familia sea despedida de una empresa con muchos beneficios, pero si la conducta del empresario no está tipificada como algo ilegal [entre otras condiciones], el empresario puede despedirlo.

Estas son las normas del juego. Independientemente de los derechos que cada cual crea que deban existir. Por supuesto que podemos quejarnos de los derechos y su ejercicio, pero si no queremos volvernos locos y protegernos de abusos mucho peores, hay que remitirse a las leyes.

Corolario: Una putada no legitima otra. Pretender que Bolivia tiene derecho a expropiar a Iberdrola porque el Estado español niega el derecho a la asistencia sanitaria a la emigración ilegal es como castigar a un judío/negro/boliviano/español por los crímenes de otro judío/negro/boliviano/español con el que no ha tenido relación en su vida. Iberdrola no tiene la culpa o responsabilidad en las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España en materia de emigración ilegal.

Derechos de los emigrantes ilegales.

Hay que (vamos a ser generosos) echarle entusiasmo para afirmar que existe un contrato social que obliga al Estado a ofrecer una serie de servicios a personas que no cumplen con sus requisitos de entrada y residencia.

A partir de aquí, cada cual podrá tener su punto de vista sobre los derechos positivos de los que deben poder disfrutar los emigrantes, también de los ilegales. Pero en España lo que rige es el artículo 13 de la Constitución, cuyo apartado 1 fusilo a continuación.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.

Esto significa que, según nuestra Carta Magna, no existe tampoco ningún contrato social que obligue, por poner el caso, a una asistencia sanitaria. Y si la ley dice que no hay asistencia médica para los emigrantes ilegales, puede ser una gigantesca putada (lo es), pero es legal.

Lo que no vale es decir que algo es ilegal o injusto porque sea una putada. Para que podamos tener un Derecho mínimamente eficiente, y dado que sólo mediante la Ley el Estado puede actuar, primero debemos separar lo que consideramos para nosotros justo o injusto (la putada) de lo que está mal para la ley. Incluso cuando entendamos que nuestro punto de vista es mejor que el ofrecido por la ley.

Esto también es aplicable a la expropiación sufrida por Iberdrola. El robo sufrido por la empresa esapañola seguramente será perfectamente legal. Y una auténtica putada para los accionistas, trabajadores y usuarios de servicios.

Las consecuencias de ignorar el déficit público.

Negar el derecho a la asistencia sanitaria a los emigrantes ilegales es una de las minucias con las que el Estado ha decidido recortar el gasto público. No obstante, se trata de una partida presupuestaria, y como tal es susceptible de ser retirada. Más aún si uno tiene un déficit presupuestario del 8% (y llevamos así unos años), que hemos absorbido todo el crédito disponible, que sólo hay quien está dispuesto a prestarlo a un interés de usura y que las perspectivas son espantosas.

Y más nos vale que nos ajustemos, porque la suspensión de pagos sí puede ser terrorífica, económica y socialmente hablando. Las partidas son discutibles, pero con un agujero presupuestario de semejante calibre y a la vista de que las subidas de impuestos no funcionan, tampoco es para echarse las manos a la cabeza por negar un servicio a quien no paga por él y ni siquiera ha entrado legalmente en el país.

PD: Mi postura personal respecto de la emigración.

Creo en la libertad total de circulación de servicios, mercancías, capitales y personas. Aplicado al caso, creo que quien quiera debería poder venir a vivir y trabajar en España (y a cualquier país) sin ningún tipo de traba burocrática. Pero también creo que quien quiera un servicio debe pagárselo de su bolsillo, o en todo caso recurrir a servicios prestados voluntariamente por otros.

Y con este post, les un muy feliz año nuevo 2013. Y si son libres, mucho mejor.

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20 Respuestas a “Conceptos jurídicos básicos para “3500 millones”: El “contrato social””

  1. Estando de acuerdo con lo expuesto en la entrada, yo no creo en la total libertad de individuos, no creo que toda la inmigración es buena, y creo que es deber de los gobernantes el dejar entrar sólo a aquellos inmigrantes que puedan aportar algo a la sociedad. Y creo se deben expulsar a los delincuentes tras cumplir pena; me da lo mismo sea de 2 días que de 10 años.

    Yo no se cuantos inmigrantes hay en los barrios de los demás lectores, se los que hay en el mio. Los hay admirables, y los hay repugnantes. Yo no entiendo porque, si podemos elegir entre pongamos 10 inmigrantes, tenemos que elegir a un musulman misógino que no cree en occidente y que solo viene a aprocharse del mana público (que como dijo cierta sociata “no es de nadie”); mientras apartamos a otros más adaptables y válidos a nuestra realidad social. Si hacen falta 10, que sean 10, con los derechos que se quiera establecer vía leyes, pero los ilegales, ¿de que?. No.

    De la expropiación, bueno, es una putada, no se si es legal según las leyes de aquel mamonato. Si es legal, ciertas empresas tendrán que calcular los riesgos de meter inversiones en paises bananeros.

  2. Para empezar había que recordarle al Sr. Fanjul y a los inmigrantes, que
    hay millones de españoles que pagamos impuestos y muy altos, que estabamos
    excluidos del acceso al servicio público universal y “gratuito” de
    salud y medicamentos.

    En honor a la verdad, esto ha sido así hasta el cambio en el verano del 2012 por los “fascistas” del Partido Popular, que en un ataque de vergüenza, permitió el acceso al sistema público sanitario y de medicamentos gratis a todos los españoles, *salvo los que declaren más de 100.000 euros en el impuesto sobre la renta…

    *Parece ser que para los socialistas del PP (que los hay, ya que el pensamiento estatista y socialista está generalizado en nuestro país), alguién que pague
    tantísimos impuestos es un ser despreciable que tiene que pagar para que
    otros tengan sanidad y medicamentos gratuitos infinitos; pero a su vez el/ella no tiene ese derecho. Ees como si fuera un paría, ya que comete el delito de ganar y tributar mucho…¡ Al carajo el artículo 14 de la Constitución Española y el Principio de Igualdad ! Al menos los españoles que pagamos impuestos (y ganamos menos de 100.000 euros al año), tenemos al fin los mismos derechos que los inmigrantes ilegales, en cuanto a sanidad y medicamentos públicos gratuitos. TODO UN LOGRO.

    Para seguir habría que recordar al Sr. Fanjul que millones de españoles, a parte de pagar la sanidad universal y gratuita con nuestros impuestos, tenemos
    que pagarnos un seguro privado, por que la sanidad pública está colapsada al ser usada sin control ni medida por muchos españoles, y sobre todo por todos los inmigrantes legales e ilegales. Yo también estoy a favor de una inmigración libre…pero siempre pagando cada uno de su bolsillo la asistencia sanitaria o medicamentos (así lo he hecho cuando vivía en Alemania: tenía que pagar mucho dinero por el seguro obligatorio de salud, y, por supuesto los medicamentos NO eran unviersalmente gratuitos pagados por el “estado” con el dinero de los demás; sino que cada uno se los tenía que pagar). Lo contrario es hundir a un país, en vivo y en directo, auqnue sea lentamente.

    Cuando todo es GRATIS, la gente abusa.

    Este año salía otra vez en la tele, que el primer español fue el hijo de
    una joven peruana que estaba en Madrid de visita a sus familiares. Me alegro por ello ¿PEro, podemos permitirnos dar asistencia sanitaria y medicamentos a todo el mundo que pase por España, sin ir a la quiebra? ¿Es España un país tan, tan rico y los contribuyentes españoles van tan sobrados que podemos dar asistencia sanitaria y medicamentos gratis total a todo el mundo? ¿A los españoles nos dan asistencia sanitaria universal y gratuita y medicamentos gratis total y para enviar por correo a España, cuando estamos en otros países??

    CANSA mucho como pagador de impuestos en España, gastarse cientos de euros en la farmacia todos los meses, cuando ves a otras personas, españoles, inmigrantes o lo que fuese (me da igual), que sacan su tarjeta sanitaria, y llenan bolsas y bolsas de medicamentos, semana sí y semana también. Eso no hay país que lo auguante; por mucho que tengamos los segundos impuestos más altos de todo el mundo (con salarios bajísimos: vivimos a nivel de subsistencia, y el ahorro es imposible).

    Es alucinante que además de dar asistencia sanitaria, medicamentos, educación púiblica y todo lo demás gratis, a mucha gente que pagaba nada o poquísimo en impuestos y se llevaba mucho en prestaciones públicas “gratuitas”; ahora vengan sus gobernantes metiéndose a saco contra los españoles y expropiando por doquier. BASTA YA DE HACER EL TONTO. España debería romper relaciones con todos esos países del socialismo-andino, que son tan “agradecidos” que nos mean en la boca y dicen que es champan.

    Si el dinero fuese algo que creciese en los árboles, no habría problema en
    hacerse socialista. Se podría hacer crecer más y más al Estado y que el
    Estado se encargarse de todo. Si algunos creen que cosas tan importantes
    como la educación pública o la sanidad deben dejarse en manos del
    Estado; y que el “estado ” es algo tan bueno, lo suyo es dejar que el
    Estado se encargue de todo: que toda la prensa sea estatal, que todos
    los productos o servicios se estatalicen desde la producción agrícola,
    a la pesca, la construcción de pisos, todos los productos y servicios personales de todo tipo. ¡A Estatalizar todo! Con la Sanidad no es bastante. Apliquemos el mismo principio a los alimentos o la vivienda, y así podremos ir directamente y más rápido a la quiebra y al menos empezar de cero, con las ideas claras.

  3. Qué tendrá que ver el contrato social con la gallina:

    “Lo que nos dice [la constitución del 78] es que estamos obligados a obedecer lo que se ponga en ella y las normas que la desarrollen.”

    Respecto al asunto expropiador – cocalero o peronista – es más de lo mismo, incluso a lo mejor lo que dice la constitución boliviana, argentina o la ugandesa (no lo sé) es que toda la riqueza del país está subordinada al interés general [razón de estado, que no “voluntad general rousseniana”], no al interés de Iberdrola o Repsol, .. Vaya, igualito que aquí !!

    “Uno sabe a qué agarrarse cuando está todo escrito de antemano, y puede juzgar dónde invierte su dinero, su tiempo, su esfuerzo y su vida.”

    Para qué molestarse si al final no es garantía de nada: “Las injusticias han sucedido a lo largo de la historia, siguen sucediendo y sucederán por los siglos de los siglos.”

    En cambio nadie puede negar la libertad allí donde se ha homologado mínimamente (pax helvética) el etéreo contrato social :

    “Es decir, cómo hacer posible que los hombres obedezcan a otros y al mismo tiempo sólo se obedezcan a sí mismos.
    La solución propuesta por Rousseau es la siguiente: si todos los hombres renuncian a su libertad natural y la ponen en manos de la sociedad (que se constituye con esta renuncia), pero no en las manos de ningún individuo particular, recibirán de la sociedad la misma libertad que han otorgado, sólo que ahora reforzada y protegida por la colectividad. Dicho de otro modo, los hombres reciben una libertad cívica o política a cambio de su libertad natural. La libertad no se pierde en ningún momento; más bien, se enriquece para permitir el desarrollo plenamente humano de todos los contratantes.”

    Lo que me dice cualquier ley que no pueda votar – incluso la carta magna que me pilló adolescente – es que puede coaccionarme arbitrariamente. En realidad nos guste o no todas las leyes coaccionan, pero no hacer la consulta previa invalida cualquier tipo de obligación unilateral. En cuanto a la edad para votar hasta la Iglesia tiene un ritual de confirmación, asi que la pretendida seguridad jurídica fundacional me suena a fruto podrido del árbol prohibido.

    Feliz 2013.

    1. Refrendemos todas las leyes cada año. No, mejor cada seis meses. y si sale no, cabiémoslas.
      Seguridad jurídica a tope e inversiones a cascoporro, un ahogamiento en dólares y yuanes, oiga.

      Lo de la gallina. O la velocidad y el tocino.

      1. ¿Se refiere a los dólares de Sheldon Adelson? La gallina turuleta, oiga, fuma y desgrava todo a la vez.

  4. Muy buena explicación de lo que significa el concepto de seguridad jurídica. Siendo más escuetos, podríamos decir que se trata de la posibilidad de prever de forma razonable las consecuencias jurídicas de nuestros actos, para poder decidir lo que conviene a nuestros intereses.

    Obviamente lo del contrato social, que siempre he tomado como una poética metáfora, no tiene ninguna virtualidad jurídica. Para empezar, porque todo contrato debe tener sus cláusulas explicitadas, sea o no por escrito. No podemos hablar de un contrato cuando de él sólo conocemos vagas ideas nebulosas e indefinidos principios éticos. Y en segundo lugar, porque para cualquier contrato es precisa una declaración de voluntad para que sea eficaz. Y no recuerdo yo haber concertado nada.

    Cosa distinta son las leyes, que se imponen desde el poder, y ahí volvemos al tema de la seguridad jurídica: ya que tenemos que cargar con unas obligaciones impuestas por la fuerza, al menos que éstas tengan unos límites y deban seguir un procedimiento para su elaboración o cambio. Y que dicho procedimiento sea público y estable, para poder hacer una previsión de la situación cuando yo decida dónde vivir, dónde trabajar o qué hacer con mi dinero.

    Respecto de la inmigración, durante toda la historia de la humanidad se ha considerado una bendición que llegue gente de fuera. Un aumento de población, de personas trabajando, vendiendo y comprando era (y creo que es) riqueza para un territorio. El problema vino cuando el Estado pretendió dar servicios a todos “gratis”, es decir, sufragados a escote por aquellos a los que podía encontrarles dinero que arrebatarle. Obviamente, desde ese instante, a más población mayor gasto, por lo que la inmigración pasó a ser un problema.

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