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Hipotecas, seguridad jurídica y el Tribunal Supremo

escrito por Burrhus el elefante neocon 7 noviembre, 2018

Supongo que ya estarán al tanto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo según la cual el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo vuelve a pagar el cliente, como ha venido pasando durante los últimos 20 años a excepción de los 19 últimos días. Vamos a tener revuelo mediático durante semanas, y Podemos ya ha anunciado marchas frente al Tribunal Supremo este sábado para reclamar su “independencia”.

Antes de nada, les advierto que no soy neutral. Es decir, soy parte implicada, tanto desde el punto de vista personal como del familiar. El fallo del Tribunal Supremo “me perjudica”. Pero una cosa es no ser neutral y otra muy distinta no ser honesto. Y sólo puedo publicar desde mi honestidad y el respeto a la verdad (otra cosa es que me equivoque).

Aquí la primera parte de mi opinión (hay una segunda): la primera Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fue una golfada y una ocurrencia jurídica perpetrada por cinco señores que pueden haberse memorizado la Constitución, la legislación, la reglamentación, la jurisprudencia y cinco guías telefónicas pero que no ha puesto un precio a un producto, bien o servicio en su vida. Estos pedazos de irresponsables que ocupan ni más ni menos que un puesto en el Tribunal Supremo y como jueces (no se dedicaban a limpiar el mobiliario, no) hizo perder a los bancos casi  6.000 millones de euros en un solo día por quedar progre y guay [acepto explicaciones alternativas]. Me da igual lo que diga la OCU de que la Sentencia perjudica a millones de consumidores y que por eso es mala. La Sentencia era completamente injusta, ignoraba sistemáticamente toda la jurisprudencia anterior, no se entendía.

Todos los que hemos tenido alguna clase de responsabilidad entendemos que las leyes son precios, y que si tú, cliente, quieres un producto que respete las leyes, debes pagar todos esos costes añadidos. Por muy altos que sean mis beneficios. El IVA, por poner un ejemplo sencillo, lo paga el consumidor. Otra cosa es “a quién se le imputa el abono ante Hacienda”. Al consumidor, no. Al vendedor. Si compras una sábana que cuesta 10 euros + IVA, yo pago los 10 euros más el IVA (12,10€, en total); el empresario se queda con los 10€ y le paga los 2,10€ a Hacienda cuando toque. Esto también es aplicable a las cotizaciones sociales del trabajador, que las genera el trabajador pero que el empresario tiene la obligación de pagar a la Seguridad Social. Lo que a nadie se le ocurre es pretender que el consumidor no pague el IVA, sino que sea el empresario quien lo pague de sus beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento del IVA y el del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados? Ninguna.

El impuesto no tiene ningún sentido: es una enorme carga añadida a la mayor inversión que vamos a hacer en nuestra vida, pero eso ya lo sabemos. Lo pagamos y punto.  El banco abona la cantidad a Hacienda y todos felices. El banco no se ha quedado un duro ni le ha robado nada a nadie, yo he pagado mis impuestos y Hacienda puede seguir cumpliendo sus funciones. ¿Dónde está el problema? ¿Quién ha sido perjudicado en este conjunto de operaciones? ¿Quién se ha beneficiado más de lo que debía? Nadie. Si alguien tiene alguna duda o considera que es injusto, ahí tiene los Tribunales de Justicia, que llega al Tribunal Supremo o el Constitucional según sea el caso. Y las Sentencias de ambos Tribunales sientan jurisprudencia. De ahí la gravedad de la primera ocurrencia. Una de las partes ha llegado a perder casi 6.000 millones de euros por algo de lo que no ha sacado beneficio alguno.

Y en esto ha llegado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y lo supera. Una vez emitida la Sentencia por parte del Tribunal Supremo, ya no se toca. O no se tocaba. Una cosa era reunir a la sala para tener claros los criterios de actuación ANTES de tomar decisiones (algo que parece muy razonable), y, otra muy distinta, que ante una chifladura ya perpetrada de 6.000 millones de euros más las devoluciones de Hacienda a los consumidores, el Tribunal Supremo se cargue una Sentencia violando los procedimientos. Porque eso tampoco es justo para millones de personas ahora afectadas. La Sentencia, aunque fuese una antológica metedura de pata jurídica, la “entendíamos” todos; lo único que había que aclarar era “quién pagaba la fiesta” (si los bancos o Hacienda, y tenía pinta de que iba a ser la Ministra Montero y sus lacayos, en tanto que los bancos habían abonado las cantidades) y el período de retroactividad. Y si a alguien no le gustaba, tenía que ir a los Tribunales de Justicia de la Unión Europea.

Pues ahora resulta que no. Ahora, si un juez perpetra una sentencia “llamativa”, el procedimiento se cambia por una valoración democrática de los compañeros de Sala, a ver qué deciden. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué norma? ¿Es esto lo que se entiende por claridad? ¿Cómo quieren que la gente pueda invertir si uno de los criterios esenciales, la seguridad jurídica, queda de manera tan ridícula en entredicho? Tengo la impresión de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha intentado corregir lo antes posible una Sentencia terriblemente equivocada porque las consecuencias podían ser devastadoras para la Administración Pública y el sector financiero, pero a costa de dañar gravemente su propia credibilidad.

Es aquí donde introduzco la segunda parte de mi opinión. El mercado inmobiliario, tanto el de compraventa como el del alquiler, se encuentra en un momento crítico. Al mercado le falta stock de viviendas vacías por la llegada de fondos de inversión que se han hecho con una gran parte del mercado, la gente elige irse al alquiler vacacional porque le proporciona mayor seguridad en los cobros que el alquiler tradicional, el precio de los alquileres está hinchado artificialmente, se puede poner en peligro la existencia de alquileres vacacionales por un cambio normativo, se teme una crisis económica a partir de 2020, una subida de tipos de interés desde mediados de 2019 (los que tenemos la hipoteca a tipo variable nos vamos a morir de la risa)… y los jueces del Tribunal Supremo montan dos circos de tres pistas a cuenta de quién paga un impuesto absurdo y cruel. ¿Ahora quién me dice a mí que no se vuelve a montar un circo de tres pistas cuando me toque a mí?

Bueno, si pienso en la hipoteca… ya me ha tocado.