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Manadas judiciales y manadas opinadoras

escrito por Miguel A.Velarde 27 abril, 2018

El veredicto social

No voy a negar que me entretienen mucho los fenómenos populares recurrentes. Esos que se dan regularmente, cada cierto tiempo y de forma inevitable, casi como las mareas. Hay uno en particular que me llama especialmente la atención, dada mi profesión: Ante un suceso con potencial para el morbo, en especial cuando se trata de ciertos delitos, los medios de comunicación se lanzan para tratar de arañar audiencia y lectores, incidiendo para ello en los detalles más viscerales del caso.

Llegado por fin el asunto a la vía judicial, una masa de ciudadanos enfervorecidos por las informaciones ofrecidas por unas personas sin formación jurídica (y en ciertos casos sin interés por tenerla, ni porque la información sea otra cosa que un medio para llamar la atención), claman indignados sobre lo que es y lo que debería haber sido. Es exactamente lo que ha ocurrido con la sentencia en el caso de “la manada”, al igual que ha ocurrido con otros asuntos morbosamente mediáticos con anterioridad.

Tengo que hacer un par de matizaciones a mi planteamiento inicial, claro. En primer lugar, no es que los periodistas y los medios sean unos malvados villanos, interesados en sembrar el caos y la confusión (al menos no todos). Su trabajo consiste principalmente en captar clientes, y su actitud es hasta cierto punto lógica. Sin embargo, la responsabilidad de formarse e informarse, para tener al menos una noción acerca de la fiabilidad de lo que ve, escucha y lee, es de cada ciudadano. Sobre la profesionalidad de cada periodista, eso de tratar de informarse previamente sobre lo que informa, ya no voy a entrar.

En segundo lugar, excepto para los que trabajamos en el sector, no es obligatorio ser experto en Derecho, del mismo modo que no lo es serlo en mecánica de motores o en biología marina. Sin embargo, cuando se pretende tener una opinión firme (y vehemente) sobre un tema, suele ser bueno hacerse con unas nociones básicas sobre el mismo.

Sí, las frases largas y las palabras no habituales en televisión forman parte de eso que se llama cultura general.

Nunca antes en la Historia había sido tan fácil conseguir cierta cultura general sobre cualquier materia que deseemos. Claro, hay que saber discriminar las informaciones serias de las que no lo son, pero con un poco de práctica y, de nuevo, cierta formación básica, se puede conseguir sin demasiado trabajo. Comentaba ayer un amigo que en Derecho no es difícil hacerse con una base elemental y útil de conocimientos sobre los que aplicar la lógica y formarse una opinión válida, aunque hay que saber que esos conocimientos no se adquieren de las tertulias ni de las películas, sino que es necesario cierto trabajo de lectura de fuentes que, me temo, suelen resultar algo tediosas en ocasiones. Y no tienen dibujitos. Mala suerte.

Evidentemente, no pienso ponerme aquí en plan integrado (que diría Umberto Eco), defensor de un sistema patentemente mejorable. Si me han leído en alguna otra ocasión, sabrán que mi posición es más bien crítica con el funcionamiento de la administración de justicia y con el andamiaje legal que la sustenta. Pero esa crítica suele basarse en mi defensa de unos principios jurídicos elementales, no en su desprecio, y sobre todo, en el conocimiento de la existencia e importancia de esos principios y valores.

 

En cualquier caso, ya entrando en el tema y refiriéndome a estas polémicas, me encuentro en casi todas las ocasiones ante una generalizada confusión de los órdenes de la discusión. Porque uno puede criticar lo malo que está el arroz con leche que hace su tía, pero su crítica no puede basarse en que no sirve como combustible para vehículos, porque discutimos de cosas diferentes. O hablamos de gastronomía o de mecánica, pero el salto entre ambas, a parte de no llevar a ninguna parte, da resultados prácticos bastante desagradables cuando se aplica a las ciencias sociales.

Y es que cuando hablamos de Derecho, podemos hacerlo desde uno de estos puntos de vista:

 

1.- El filosófico o moral.

Establecer una idea de la Justicia ha sido siempre muy problemático. Y ya no hablemos de su aplicación a la práctica. Resulta evidente que mi concepción de lo que es o no justo es diferente a la de mi vecino, y esa circunstancia fue algo que desde los albores de la humanidad se fue dolorosamente consciente. Esa es la razón por la que desde el principio, la Justicia fuera una prerrogativa divina, que los mortales sólo podíamos invocar y aspirar a acercarnos.

Libres ya de interpretaciones sobrenaturales, la intención siempre fue que la la Ley tratase de acomodarse a la concepción generalmente aceptada de lo justo e injusto, tarea realmente difícil. Es el origen del principio de la representación popular en la elaboración de las leyes. Los representantes de los ciudadanos reciben un mandato para establecer el texto de unas normas que deben ser de general aplicación, sobre la base de unos principios y garantías que impidan que las mayorías impongan coactivamente su concepción del mundo (y de la Justicia) a las minorías o los individuos. Luego podemos hablar cómo funciona la cosa, pero esa es la teoría.

La idea que cada uno tiene de Justicia es tan personal como libre. Puede basarse en premisas filosóficas, religiosas, éticas o incluso en prejuicios o disfunciones mentales. Da igual. Son conceptos discutibles y realmente interesantes, pero que no pueden aplicarse a los otros planos que estamos exponiendo.

Personalmente, yo podría decir que llegado el caso de sufrir un delito grave, en mi persona o en las de mis seres queridos, me vería algo más que tentado de buscar por mi cuenta la aplicación de lo que yo considero Justicia. Podría hacerlo, sin duda, pero lo que no puedo exigir es que los tribunales apliquen ese concepto mío y personal de Justicia en lugar de las leyes, o que los legisladores la recojan en las normas, en contra de los procedimientos para hacerlo o infringiendo los principios elementales del Derecho.

 

2.- El político:

A primera vista parece un plano equivalente al anterior, pero aunque esté relacionado, no lo es. Admitiendo que las normas deben reflejar (y de hecho, en casi todas las sociedades lo pretenden) una determinada idea de Justicia, nuestro sistema representativo incorpora además una serie de reglas a la hora de elaborar esas normas y, sobre todo, acerca de lo que pueden o no contener. Unas reglas, estas últimas, que han venido siendo incorporadas a medida que la sociedad humana evolucionaba hacia lo que es hoy, que también aparecen en normas (no podría ser de otra forma), pero que no surgen de ellas, sino que son la base de la legitimidad de todo el sistema (podemos negar ésto, y decir que esos principios no son los inspiradores de las normas, sino creados por ellas, pero entonces estamos proponiendo otra civilización diferente de la nuestra, y no precisamente mejor).

Hablamos de principios como el de legalidad (no puede condenarse a nadie por un hecho no previsto en la Ley, ni con una pena no prevista en ella), y de seguridad jurídica (relacionado con el anterior pero más amplio, que incluye otras muchas garantías, como la vinculación de los tribunales a sus decisiones precedentes), el del juez predeterminado por la ley (no puedo cambiar al juez y poner a mi cuñado porque me conviene), de presunción de inocencia (es la culpabilidad la que tiene que probarse), de igualdad de armas (todas las partes deben tener derecho a defenderse en igualdad de condiciones), el de gradación de las penas (unos bienes jurídicos merecen mayor protección, y por tanto mayor castigo a sus infractores, que otros) y derechos como el de tutela judicial efectiva (a que un juez decida sobre tu caso) y a la defensa (poder presentar pruebas y alegar), a no declarar contra uno mismo…

En la práctica es tremendamente difícil establecer un sistema de justicia penal salvaguardando estrictamente todas esas garantías. Un puzle muy complejo que hay que tocar con extremo cuidado. Todo era mucho más fácil cuando se cogía al sospechoso y se lo hinchaba a palos hasta que confesaba, momento en el que se le podía tirar por el barranco. Pero la desagradable evidencia de que eso le podía pasar a cualquiera, hizo que ya desde el calcolítico empezase a surgir algo parecido a una teoría del derecho penal, donde empezaban a recogerse algunos de los principios que aún mantenemos.

Hammurabi, en pie, recibiendo el título de su master en Derecho

Recordemos que la ley del talión recogida en el código de Hammurabi y la Biblia, es una forma primitiva pero eficiente de efectuar una gradación de la pena, estableciendo un límite al castigo y avanzando en el principio de legalidad, en una época en la que el derecho penal era en su mayor parte un asunto privado, en el que los poderes públicos no se metían a menos que fuera imprescindible.

Desde el punto de vista político, podemos discutir sobre lo que debe o no debe prever la Ley para un delito concreto, qué acciones merecen castigo y la gravedad del mismo. Pero hacerlo ignorando, o peor aún, despreciando los principios que nos protegen de la mala fe, la arbitrariedad o el error de quien tiene el poder, es jugar con fuego bañado en gasolina.

 

3.- El judicial:

Teniendo en cuenta que los Tribunales tienen la obligación de aplicar las normas, atendiendo a unas reglas preestablecidas, sin que puedan crear las mismas (sobre esto último podríamos escribir no un artículo, sino un libro, pero corramos de momento un tupido velo), la crítica a sus decisiones es algo absolutamente legítimo, por supuesto. Yo lo hago a menudo.

Pero para ello, hay que tener presente que un juez o tribunal del orden penal, para tomar una decisión, tiene primero que determinar cuáles fueron los hechos, y para ello, no puede basarse en suposiciones. Tiene como única conexión con la realidad el conjunto de pruebas que las partes (y ahí se incluye al Estado, a través del fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) le hayan aportado de forma válida. Con esas pruebas por delante, debe valorar los hechos haciendo un juicio sobre todos estos aspectos:

 

I.- Tipicidad: ¿Los hechos son los que se describen en algún artículo del Código Penal? Es decir, ¿son hechos tipificados como delito? Para que nos entendamos: ¿que alguien que no es su propietario se lleve el coche de otro, aparece como un acto delictivo en alguna parte del código?

II.- Antijuridicidad: “Oiga, que me llevé el coche, pero es que estaba en segunda fila y soy el conductor de la grúa municipal”. “”Verá, que el coche que conducía no era mío, pero el dueño me lo prestó”. “Sí, maté a ese señor de un tiro, pero es que soy cabo de la infantería de marina, estamos en guerra y era del ejército enemigo durante una batalla”. Porque la conducta puede contenerse en el código, pero no ser antijurídica, por innumerables razones.

III.- Culpabilidad: ¿El acusado es quien ha realizado la acción delictiva? Y si lo es, ¿es autor, inductor, cómplice, cooperador necesario, encubridor..?

IV.- Punibilidad: Una vez tenemos que el hecho es un delito y que el imputado participó en él, ¿se le puede castigar por ello? Porque puede tener un grado de esquizofrenia que le impida conocer lo que ha hecho, o tratarse de un menor de edad. O un jefe de Estado extranjero…

V.- Cómputode la pena: El código penal prevé para cada delito un intervalo dentro del que un juez o tribunal debe elegir la pena a imponer (por ejemplo, de 10 a 15 años para el homicidio doloso), y unas reglas a seguir para el cálculo.

Una vez siendo conscientes de qué hace realmente un tribunal penal, podemos ponernos a criticar si han realizado o no una correcta valoración de las pruebas para llegar a las conclusiones en esos puntos a estudiar.

 

Pero aquí aparece un aspecto importante: excepto las partes del procedimiento, el resto conocemos de las pruebas aquello que nos han contado en los medios, que no suelen ser una fuente demasiado fiable. No llegaremos a las mismas conclusiones tras poder leer un documento o ver un vídeo, que después de que nos lo cuente alguien que además, sólo lo ha podido conocer por referencias, y que prima la espectacularidad sobre el aburrido análisis pausado de los detalles.

Cuando critico sentencias de asuntos en los que he sido parte, puedo hacerlo con una seguridad mucho mayor que en aquellos en los que sólo he colaborado. Y desde luego, en los que me entero por la prensa, soy consciente de que sin duda hay elementos importantes sobre los que no sé nada, o cuyo conocimiento es o bien parcial, o bien no todo lo correcto que sería necesario. Eso hace que mis opiniones no puedan ser en estos casos, ni firmes ni tajantes.

 

Luego está el problema siguiente, con el que me sorprendo cada vez que sucede algo así. Una masa exaltada (alimentada por políticos que tratan de sacar beneficio de la indignación popular y por medios encantados con la audiencia que les trae), que tras demostrar su ira porque los tribunales hayan aplicado la ley en lugar de lo que la rabia popular desea, carga contra los principio elementales de los que hablé antes.

Y así es como arde la civilización y llega la barbarie.

Hoy he alucinado con un tweet de un partido exigiendo que en lugar de la ley, se aplicase el veredicto social. Esas cosas, aplicar la sentencia de la masa en lugar de las normas procesales, ya han ocurrido antes, por supuesto, y nunca fue bonito. Por señalar una ocasión, en los años 30 y 40, en Alemania se aplicaba como principio jurídico el sano espíritu del pueblo alemán, según el cual, un criminal que actuara movido por el mismo (por ejemplo, dándole una paliza a un judío) no podía ser condenado, y un inocente sí podía ser penado.

Porque es evidente que los malos no deberían escaparse. Ni ser protegidos por esos derechos, ni recibir cobertura de esos principios. El problema, como siempre es, ¿quién es malo? ¿Quien diga el periodista estrella de moda? ¿Y si el malo resulta ser usted, aunque no haya hecho nada reprobable?

A lo largo de varios miles de años, se ha ido depurando un sistema de justicia con unos valores y principios tendentes a minimizar ese riesgo. A tratar de frenar la posibilidad de que la arbitrariedad, la incompetencia o la mala fe de quien tiene el poder acaben castigando a un inocente.

Hay muchas cosas que criticar en la ley y la justicia, por supuesto, y yo soy el primero en hacerlo, pero hay que tener cuidado con lo que se desea, porque luego puede ser irreversible.