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La felicidad y la ley. De los catalanes infelices.

escrito por Luis I. Gómez 28 octubre, 2017

Casi todos los humanos buscan la felicidad, y su escala de valores se fundamenta casi siempre en considerar como “buenos”  aquellos hechos que le acercan a la consecución de esa felicidad. En los tratados de ética se habla entonces de UTILITARISMO. Aplicando el utilitarismo a la política nace la obligación ética -para el político/gobernante- de conseguir el mayor grado de felicidad para el mayor número posible de personas. Déjenme ser benevolente seguir pensando que los diseñadores del movimiento independentista catalán lo único que pretendían era eso: la felicidad de todos catalanes.

Ocurre que la fórmula utilitarista “consigue el mayor grado de felicidad” parte de la suposición de que existe una escala de felicidad contínua y mesurable, que nos permite determinar el grado de felicidad alcanzado en un momento determinado y que este es -mediante algún tipo de oscuro conjuro místico- extensible a todos los miembros de una sociedad. La realidad no es así. La felicidad es un sentimiento claramente subjetivo, individual, de forma  que personas diferentes perciben su felicidad de maneras diferentes. Una persona puede incluso cambiar en el transcurso de los años su percepción de felicidad.

Hemos asistido indiferentes en los últimos años a la más escandalosa perversión de los conceptos “felicidad”, “ley” y “libertad” de los independentistas catalanes quienes, en su afán por alcanzar el grado máximo de felicidad de todos, terminaron convirtiéndose en totalitarios irredentos incumpliendo sus propias leyes e ignorando la libertad de quienes no pensaban como ellos. No es casualidad. Cuando alguien cree saber en qué consiste la felicidad de los otros basándose en lo que a uno mismo le hace feliz, siente la imperiosa necesidad de compartir ese “conocimiento”, incluso si para ello ha de recurrir a la imposición de su “percepción particular de la felicidad”.

Desde el punto de vista individual, dedicarse a la búsqueda de la felicidad absoluta no se me antoja una sabia decisión. Quien en su vida privada ansía siempre un máximo de felicidad puede estar seguro de no alcanzar nunca su meta.  Cuanto más grandes sean las expectativas personales que no se cumplen, mayor será el sentimiento de frustración. Un hombre en busca de la felicidad es, casi siempre, un hombre infeliz. Desde el punto de vista colectivo no solo no es una sabia decisión, es una decisión peligrosa. En este punto estoy de acuerdo con Popper cuando decía (parafraseo de memoria) “el principio de la felicidad máxima usado por los utilitaristas, y el principio kantiano de procurar la felicidad de los otros me parecen completamente falsos”. Y es que para lograr esos objetivos debemos o manipular la ley, o incumplirla. 

La búsqueda de la felicidad de todos deja de ser mera quimera peligrosa cuando se erige en la máxima bajo cuyos principios se fundamenta la ley, haciendo imposible que la ley sea igual para todos o que todos seamos iguales ante la ley, o ambas. Entonces se convierte en puño, pluma y fusil del totalitarismo. No importa el color de la felicidad buscada y prometida. La otra opción, la de incumplir la ley vigente, y siempre que existan medios legales para cambiarla, no debe ser ni debatida. Considero, sin embargo, la rebelión como la última solución al dilema que planteaba Bastiat:

  • “Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley.”

Ocurre que no es el caso. Es peor.  Si la ley ha de venir determinada por la voluntad de la mayoría en busca de la felicidad de todos, no es difícil comprender cuatro principios básicos:

– cuanto mayor es el grupo social en el que se aplican los principios democráticos de ley y orden, mayor será el número de individuos que no se encuentre representado por la voluntad de esa mayoría.

– para aplicar a la vida real las decisiones tomadas en una sociedad grande, ésta debe proveerse de un aparato proporcionalmente grande de poder que asegure el cumplimiento de la voluntad de la mayoría. El estado crece.

– el individuo y sus intereses quedan más diluídos cuanto mayor es el número de individuos que conforman un núcleo social de decisión.

– el aparato de ejecución de la voluntad democrática de un grupo ha de estar sometido al control de ese grupo y no al revés. Cuanto más pequeños sean los aparatos de poder, más fácil será ejercer un control democrático del mismo.

Mis amigos estatistas argumentarán que la historia nos ha enseñado cuáles son los modelos más efectivos de convivencia social, cuáles los principios morales y éticos sobre los que desarrollar las leyes y que el estado es el único capaz de asegurar un modelo social solidario que mantenga en cintura al individuo egoísta, incluso al inmoral. Por supuesto al “irresponsable”. Todo será perfecto.

La realidad es otra: personas sin principios éticos o morales, ávidas de poder y sólo del propio beneficio, jamás buscarán obtener ventajas de la libre cooperación con terceros sino que -casi siempre mediante el engaño premeditado- intentarán por todos los medios alcanzar únicamente su propio beneficio, incluso con violencia o desde el incumplimiento de la ley. La ley y el orden pierden su esencia conceptual en esta democracia donde el votante, adiestrado por decenios de supremacía estatal, pone en manos de los oligarcas no sólo sus buenas intenciones. También las más espurias.

Un verdadero demócrata es consciente de estos problemas y es por ello que tenderá a la democracia directa, abominará de la partidocracia, propondrá mecanismos de control del ciudadano sobre los administradores de poder y querrá proveerse de los mecanismos adecuados para ser partícipe del mayor número posible (todas) de decisiones que le puedan afectar como individuo. Y nada de ello veo en las intenciones de ningún movimiento nacionalista en España. En ninguno.

Y es así que hemos llegado a la situación actual: catalanes felices con su independencia (desde la rebelión, incumpliendo la ley), catalanes infelices y temerosos de perder las garantías que pensaban les ofrecía el manto de la Constitución y su nacionalidad españolas y no-catalanes enfrentados entre el “Cataluña es España” y el “dejadles que hagan lo que deseen, es su derecho”.  Pero todos seriamente decididos a imponer su particular versión de la felicidad a los demás.

Una sociedad en la que los individuos no son capaces de dotarse de un sistema de leyes bajo el que quepan todos (oportunidad perdida, como les decía, en nuestro afán por imponer modelos particulares de felicidad), no puede generar un sistema democrático y de convivencia. Apenas será capaz de mantener un estado-iglesia bajo el que acogerse. Ó 17.

El estado Español, su credibilidad como protector de los derechos de todos, depende de los pasos legales que ahora se ejecuten: si nadie se ve obligado a responder ante la justicia de haber infringido la ley, si nadie es capaz de proponer nuevos modelos legales de convivencia para todos, si no somos capaces de dotarnos de más y mejores sistemas de control ciudadano de la acción del poder político, entonces nada de lo hecho hasta ahora habrá merecido la pena. y estaremos condenados a repetir el sainete cada cierto tiempo.