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Dura lex, sed… tomadura de pelo.

escrito por Miguel A.Velarde 30 septiembre, 2017
Aquí los traficantes mostrando os fardos de coca y explicando cómo los van a distribuir.

Aquí los traficantes mostrando los fardos de coca y explicando cómo los van a distribuir.

En todo este asunto del circo por la independencia de Cataluña, lo único cierto es que va a tener consecuencias no previstas ni por los independentistas ni por el gobierno central. Consecuencias que no se verán mañana, sino que saldrán a la luz a medio plazo de forma poco agradable.

No me interpreten mal: en el caso de que no se produzca la independencia efectiva en cuestión de un par de semanas, desde el punto de vista institucional y político todo seguirá en Cataluña exactamente igual que el mes pasado. No habrá otras consecuencias que, previsiblemente, una llovizna de regalías de la Administración nacional hacia la autonómica, en la forma de más dinero y alguna que otra nueva competencia delegada.

En el plano de la legitimidad de un sistema político, en cambio, las consecuencias ya están siendo demoledoras. Y lo son especialmente entre los que aún confiaban en la legitimidad del régimen que, en la práctica, mayor estabilidad y prosperidad había traído a España en toda su Historia. Gente atrapada en medio de los gritos de los fascistas nacionales morados (esos disfrazados de comunistas que a su vez se disfrazan de amables reformadores de buen rollito) y los fascistas racistas periféricos.

Les pongo en situación: Un gobierno tiene obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Para esa tarea cuenta con herramientas como el ministerio fiscal, las Administraciones o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras.

Hablamos, por ejemplo (aunque podríamos traer aquí cualquier otro organismo), de un ministerio fiscal que suele ejercer su función de defensa de la legalidad bajo una práctica de “tirar p’alante con las acusaciones llueve o ventée”. Creo que se verá mejor con algunos ejemplos:

Ese chaval víctima (como se sentenció posteriormente) de un error en la identificación de la policía (no es corriente pero alguna vez ocurre). En el juicio, los policías declararon no estar seguros de que fuera él, y únicos cinco (¡cinco!) testigos afirmaron que el pobre tipo no era el delincuente al que perseguían. Pues la fiscalía no sólo elevó a definitivas sus pretensiones de prisión, sino que solicitó al Juzgado que librara testimonio de las declaraciones de los cinco testigos para imputarlos por falso testimonio. A todos. Pero son ciudadanos anónimos. Siervos de la gleba. ¡A por ellos!

Ese indigente al que pillan pedaleando en una bicicleta del ayuntamiento, y como no pueden probar su robo, lo imputan por robo de uso de vehículo a motor. ¡A motor! La fiscalía es consciente (es de 1º de Derecho) que la analogía está prohibida en Derecho Penal, y que una bicicleta no tienen motor. Ya llevo absueltos a cuatro, y tengo pendiente otro juicio idéntico. Pero es un mendigo. ¡Sin piedad!

Ese muchacho que al día siguiente de aprobar el carnet de conducir (y por tanto sin tenerlo aún) le coge el coche a la madre un par de horas, con tan mala suerte que termina en un control. Vale, delito contra la seguridad del tráfico. Y allí mismo, firmando el acuerdo, con su madre conteniendo las lágrimas, la endiosada representante del ministerio fiscal le pregunta a la señora como quien no quiere la cosa, aparentando una conversación trivial: “¿Y su hijo le robó el coche o usted permitió que cogiera la llave?”

¿Qué respondería usted, amable lector? Pues eso, que en menos de 10 minutos la señora estaba imputada por inducción al delito de su hijo. No era más que un ama de casa. ¡Sin compasión!

O a una mujer maltratada, con constantes palizas de su novio que la llevaron a urgencias de forma habitual que, en el juicio, y presa de un evidente temor, declara que no, que es que se cayó por las escaleras, y que su pareja es un angelito. ¡Inconcebible! ¡Hay que dar ejemplo! De modo que ese ministerio fiscal imputa a la chica por falso testimonio y acaba pidiendo penas de prisión para ella. ¡Toma victimización secundaria!

O ese abogado del Estado que ante un anciano arruinado que prefirió (tal y como se demostró en juicio y se reflejó en la sentencia) pagar lo que pudo a sus trabajadores aunque no le quedara nada para Hacienda, pide expresamente que no se aplique la sustitución de la pena (y que el vejete entre en prisión) hasta que pague a la Agencia Tributaria con un dinero que ni tiene ni podrá tener jamás en su vida. ¡Es un vejestorio insolvente! ¡Caña y al trullo hasta que se muera!

O ese inspector de Hacienda que ante un flagrante “error” (llamémoslo así) de una administración, termina sancionando al particular que sufre el mismo…

Es que éstos son de los nuestro, ya saben, cargos, funcionarios… Hay que pensárselo bien…

No me alargo más, porque hay para escribir un libro y varias continuaciones. Si fueran casos aislados podríamos debatir sobre la condición humana y su práctica al ostentar poder sobre sus vecinos. Pero no. Los ciudadanos nos encontramos indefectiblemente ante una apisonadora impersonal e implacable. La Ley, o al menos la habitualidad con que desde la Administración se interpreta la misma, no entiende de otras razones que el desalmado funcionamiento de una maquinaria a quien no le importa las consecuencias de la misma sobre la vida de las personas afectadas.

La ley hay que cumplirla, dicen.

La alternativa es terrible, dicen.

Paga, dicen.

Y ahora chocamos con la realidad. Con que esa maquinaria sí que mira mucho a quién se aplica.  Sólo que usted y yo, amable lector, somos simples insectos sin importancia, en contraposición a los privilegiados ante quienes hay que pararse a pensar bien si conviene o no aplicarles las normas.

Desde hace unos días tenemos acciones públicas y tumultuarias para impedir la aplicación de las Leyes y el legítimo ejercicio de sus funciones de la Policía; tenemos uso ilegítimo de datos de administraciones públicas; daños a vehículos de Policía y Guardia Civil; coacciones y acosos (desde listas de discrepantes a daños en fachadas de locales); uso de fondos públicos para acciones prohibidas por acuerdo judicial, actos de funcionarios contrarios a órdenes judiciales; aprobación de normas en infracción del procedimiento establecido por el propio órgano legislativo…

Pero más grave que todo eso, es la publicidad y descaro con que se realizan tales acciones. Así tenemos a un jefe de policía autonómica que le dice al representante del gobierno central que acatan la ley pero que no la cumplirán (las excusas nunca le han servido a un ciudadano corriente, por cierto), o a unos funcionarios que en rueda de prensa, pública y notoriamente, explican cómo van a desobedecer a un juez, incumplir la ley, y enseñan con alegría materiales para hacerlo. Los mismos materiales que la policía trata de requisar.

En suma, unos tipos que pública y notoriamente están explicando qué delitos están cometiendo y van a cometer, así como la forma en que van a hacerlo. Y todo ello ante las narices del resto de ciudadanos que ven cómo los mismos que a ellos les aplican toda la fuerza del Estado, no reaccionan en absoluto más que con tibias amenazas de investigación y promesas de estudio sobre si procede la acusación por…

¿Por cuáles delitos?

Así de grande es la trucha que me pusieron en el restaurante. Pero antes dialogué con ella, que no me la zampe, eh…

No duden que si en lugar de funcionarios y cargos de una Comunidad Autónoma, todo esto lo estuviéramos perpetrando usted o yo, hace tiempo que estaríamos detenidos, y habríamos declarado ante un juez de instrucción, al menos por los delitos de coacciones y acoso (artículo 172 ter del Código Penal), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (197), daños para impedir ejercicio de autoridad (263.2 y 265), prevaricación (404), omisión de perseguir delitos (407), desobediencia (410 y siguientes), malversación (432), abuso en el ejercicio de su función por funcionarios públicos (439 y siguientes)… Y no dudo que en estos días tengamos que acudir al artículo 472.

Oiga, es que aunque digan que van a hacer esto o aquello, hasta que no cometan un delito… “

Oiga, que no sólo ya los están cometiendo, Es que el gobierno tiene obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, y tiene herramientas suficientes para ello (y no, no me refiero a los tanques ni a la legión).

Si mañana un cani de las 3000 Viviendas (no miren en guías turísticas de Sevilla, que les aseguro que no sale el barrio) saliese en televisión, enseñara unos fardos con cocaína y explicase cómo los iba a vender, no duden que antes de que acabase el acto estaría esposado en un coche de la Policía Nacional. Sólo por poner un ejemplo.

A todo este lamentable espectáculo asistimos los pobres mortales con estupor. Y con la evidencia de que el chiringuito comienza a hundirse, y no existe en realidad ni salida de emergencia, ni bomberos que puedan sacarnos de los escombros.

El gobierno (la Institución, el poder ejecutivo, llámenlo como les plazca) le ha dado la puntilla a todas esas personas que creían en él. Y no me refiero al partido que ahora lo ejerce. No. A la confianza en que a pesar de las leyes cuestionables y la desastrosa Administración, éramos todos iguales bajo él y cuando fuera necesario, estaría allí para solucionar las situaciones críticas. Las críticas de verdad.

Después de esto, en unos meses, cuando lancen en televisión la típica propaganda de Hacienda, a ver si pueden presentarla sin que se les caiga la cara de vergüenza.

Así que cumplan la Ley. Ya saben que la alternativa es muy mala. Pero sólo para ustedes y para mí.

Inútil, demasiado tarde, en los lugares equivovados, por las personas que no interesan a nadie…