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El mercado de las buenas intenciones.

escrito por Luis I. Gómez 21 junio, 2017

Mociones de censura televisivas, congresos federales rimbombásticos, desesperados intentos de mostrar lo que no es. Decir que la vida política española es un circo resulta benévolo y deja el arte circense en mal sitio. La vida política española es puro trapicheo, culto al líder y abandono de todo lo que tenga que ver con la realidad de los españoles.

Nosotros seguimos con expectación los malabarismos de nuestros “próceres”, animados por tanto color y algarabío, curiosos y con deseos de comprar. Comprar promesas de un mañana mejor; comprar seguridad, educación, sanidad, carreteras, justicia climática y algo de certidumbre en un mundo siempre incierto y proceloso. Ingenuos.

Ellos apenas tienen otra cosa en la cabeza que no sea poder. Poder para regular la vida de todos. ¿Qué significa exactamente regular? Estamos hablando de la  intervención gubernamental directa en los procesos de la economía -es decir, en cualquier proceso en el que intervengan voluntariamente dos o más personas- para alcanzar objetivos políticos o para corregir los fallos del mercado. En otras palabras: la regulación estatal pretende generar de la acción económica -es decir, de la acción humana- resultados políticos concretos, diferentes de aquellos que surgirían si se aplicasen sólo las reglas interacción voluntaria que rigen los mercados libres -es decir, los acuerdos libres entre personas-.

Los llamados fallos del mercado siempre se producen cuando las personas no actúan tal y como preveían los modelos utópicos de un “mercado perfectamente diseñado”, algo que ocurre siempre porque nadie sabe nunca prácticamente  nada de cómo van a actuar las personas mañana.  Los políticos,y los economistas que les asesoran, sin embargo, hacen como que ellos sí lo saben, diseñan un “mercado”  y cuando este falla, se lo achacan a “los mercados”. Una herramienta esta maravillosa, pues les permite diseñar, vía regulación estatal, un nuevo “mercado perfecto, justo, equitativo, igualitario, solidario, ecologico y sostenible” y ellos, tampoco su diseño, serán jamás culpables de nada.

Y nosotros vamos, nos lo creemos, y les votamos!

¿Cómo pueden los defensores  de la regulación estatal  afirmar que la regulación es necesaria con el fin de suprimir los efectos negativos del  egoísmo de los hombres libres ignorando  al mismo tiempo, que los políticos y los burócratas son humanos y, por tanto, también expuestos a las mismas debilidades que cualquiera de nosotros?

La fe en las buenas intenciones  de las autoridades – reyes, nobles y burócratas nos ha regalado la historia a miles-  es muy vieja y demasiado humana:  nos da la ilusión de seguridad y nos libera de las decisiones difíciles. Se nos inculcó en la escuela, en la universidad, en los medios. Sin embargo, un sobrio análisis de los procesos políticos reales sólo conduce a la conclusión de que los políticos no son  mejores personas que los demás: ellos también piensan primero en sus propios intereses, no viven libres de su narcisismo, o su prepotencia o, simplemente, su maldad. Y sin embargo les regalamos un marco de acción valiosísimo: son quienes  pueden escribir la ley, tienen poder para disponer de nuestros medios y con frecuencia, por aforados, actúan incluso por encima de la ley, o fuera de ella.

El proceso político ha degenerado en el mercadeo  de votos  a cambio de ventajas materiales y privilegios garantizados por el Estado. Las partes interesadas, como las asociaciones de empresarios, los sindicatos o cualquiera de los grupos de “víctimas” de nueva creación, desean nuevas regulaciones  que garanticen la exclusión del mercado de sus directos competidores – a través de costos artificialmente altos, leyes de todo tipo, o prohibiciones abiertas o encubiertas- o les garanticen algún tipo de resarcimiento por su condición de “desigual”, sea esta real o inventada. Los políticos atienden  estos deseos con gusto, a cambio de votos, de presencia en medios, de donativos sinceros o encubiertos.  El final lógico de estos procesos es la aparición de una economía mercantilista e hiperregulada, en la que medra la corrupción al tiempo que disminuyen las posibilidades reales de cada individuo de mejorar y crecer y desarrollarse. Una sociedad fragmentada en la que nadie quiere quedarse fuera de alguno de los grupos de “beneficiarios-víctimas” y en la que ya no basta con estar satisfecho con lo que uno mismo ha logrado conseguir mediante su esfuerzo, es necesario que nadie pueda conseguir más que uno. Aunque sea con más esfuerzo.