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Garantías procesales y partidos de fútbol

escrito por Miguel A.Velarde 6 mayo, 2015
Sala de Vistas

Típica sala de vistas de un Juzgado.

Cuando se habla de los problemas de la justicia, todo el mundo piensa inmediatamente en la politización de la misma, reflejada en los pactos entre partidos para nombrar magistrados en el Tribunal supremo o el Constitucional,por ejemplo, o en los asuntos de corrupción. De igual forma, hay quien se pone a hablar rápidamente de la falta de medios y de presupuesto, y de cómo afecta eso a los grandes asuntos que a menudo acaparan la atención mediática.

Sin embargo, y teniendo esos aspectos su indiscutible importancia, hay detalles en los que nadie piensa hasta que les toca sufrirlos en sus propias carnes. Realmente es lo que ocurre con los principios fundamentales de un Estado de Derecho, tales como las garantías y los derechos humanos.  No es hasta que le toca a cada cual padecer  su ausencia, que se da cuenta de lo imprescindibles que son.

Pongamos, por ejemplo, el procedimiento judicial. La primera vez que uno se ve ante un juzgado, pongamos, de lo penal, le parece un poco arcaico y hasta absurdo todo el sistema de ritos y pasos que deben seguirse hasta llegar a la conclusión final. De hecho mucha gente puede llegar a opinar que es más eficiente y rápido el sistema de los cadíes, es decir, se planta al acusado ante el juez y éste, tras escuchar a todo el mundo según le parezca bien, sentencia. Todo en un rato. Se acabó el colapso judicial…

Claro, de nuevo hasta que es uno mismo el que se ve en la tesitura de ser acusado, y debe depender del criterio arbitrario de una sola persona, y de la posibilidad que ésta tenga a bien concedernos para poder defendernos. Porque todo el mundo está a favor de que a “los malos” se los castigue rápidamente y sin contemplaciones. Pero olvidan el pequeño detalle de que antes hay que averiguar si realmente se es “malo”.

Y ustedes me dirán: «bueno, si la policía lo ha detenido, algo habrá hecho».

Calabozos Sevilla

Puerta de bajada a los calabozos en el edificio de los juzgados de lo penal en Sevilla. Son el palacio de Versalles comparados con los del juzgado de guardia.

O no.

No voy a dudar de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al menos no de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil. Los conozco, y conozco su trabajo, lo suficientemente bien como para considerar que están al nivel (y a veces por encima) de sus homólogos de los países más democráticos. Sin embargo nadie está a salvo de errores, situaciones ambiguas, circunstancias imprevistas, ni por supuesto de alguna oveja negra.

De hecho, en no pocas ocasiones un imputado resulta finalmente absuelto de los delitos por los que había sido detenido.

Por eso las garantías son tan importantes. Y el procedimiento es una de las más básicas: por él, un acusado conoce lo que puede hacer, cuándo y cómo. Puede plantearse su defensa y tener una razonable idea de lo que se va a encontrar. Que el proceso sea previsible permite defenderse de forma eficaz. Que se cumpla este procedimiento es lo que separa a las democracias de otros patéticos simulacros.

Pero pongámonos en situación. En un juzgado de guardia, un día festivo local, en el que además se va a televisar un partido de fútbol de esos que hacen que las calles se  queden más vacías que un acto de hermanamiento entre IU y el CDS.

A falta de una hora para que comience el partido, un funcionario me hace señas para que me acerque. Este humilde abogado, al que para su enorme sorpresa, el sorteo de días de guardia le había deparado de nuevo en un día festivo (sí, porque normalmente me toca en domingo; es curioso como ningún científico ha estudiado las curiosidades estadísticas que se dan en estos ámbitos) acudió dispuesto a defender de oficio a una chica a la que acusaban de haber robado una cartera.

Sobre la marcha me leí el aún ligero expediente en el que consistían los Autos, que contenía básicamente el atestado policial con su ficha y poco más. Bastó eso para percatarme de que había lagunas en la narración de los hechos, por lo que se iba a necesitar de una buena investigación para averiguar lo realmente sucedido. Una labor que, debido a la levedad del delito, dudé seriamente de que fuese a ser realizada. Mal pensado que es uno.

«Ahora suben a la chica del calabozo y Su Señoría está ya esperando para la declaración», me dijo el funcionario. Un tipo simpático que me consta que hace su trabajo de forma diligente y honesta.

Y para mi absoluta sorpresa, añadió: «Esto va a ser rápido, a ver si en media hora estamos todos en casa para ver el partido. Ya tengo listo todo el papeleo, y hasta el Auto de prisión provisional, a falta de que lo firme Su Señoría

Supongo que hasta aquí nadie ha entendido la razón por la que el caso en cuestión me resulta tan indignante. Y ese es el problema, que son esos detalles los que hunden la justicia española. Esos y el hecho de que nadie tenga consciencia de cuáles son sus derechos.

Para entenderlo mejor, expongamos antes algunas cuestiones básicas: es un principio fundamental que nadie puede ser privado de su libertad a menos que haya sido encontrado culpable de un delito mediante un procedimiento con las debidas garantías (¿tengo que explicar que nadie es culpable hasta que se ha demostrado su culpabilidad en un juicio?).  Y sin embargo, se establece que de forma excepcional (remarquemos lo de excepcional), se puede mantener a un acusado en prisión hasta que se celebre el juicio.

De hecho, el punto segundo del artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo deja bien claro:

«La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional

Y no se puede acordar si no es por alguna de las causas tasadas en el siguiente artículo, el 503, de la misma Ley. Que resumiendo son:

  • Que el acusado lo sea de un delito penado con prisión.
  • Que haya indicios suficientes para entender racionalmente la comisión del delito y su autoría (punto peliagudo, porque para eso está el juicio).
  • Que sea necesario para asegurar la presencia del imputado el día del juicio, para evitar la ocultación de pruebas, o bien para evitar que atente contra los intereses de la víctima o  comenta otros delitos.
Juzgado Instrucción de Sevilla

Básicamente éstos son los medios y el aspecto de la administración de justicia (el papelote que cae es el listado de asuntos del día).

En cualquier caso, y siguiendo con lo establecido en la citada Ley, que es la que establece las reglas para juzgar a una persona por la comisión de un hecho delictivo, en su artículo 505 se obliga a que se celebre una audiencia donde tras escuchar a las partes (el ministerio Fiscal, las acusaciones particulares si las hubiera y a la defensa), y tras ponderar las alegaciones y las pruebas de que en ese momento se dispongan, el juez de instrucción deberá acordar la prisión provisional, o en su caso, la libertad con cargos, o alguna situación intermedia, como la libertad bajo fianza o con obligación de comparecer periódicamente en el juzgado hasta el día en que se deba celebrar el juicio.

De modo que cuando antes incluso de que se haya tomado declaración a una detenida, y por supuesto sin que se haya celebrado la mencionada vista, ya se tiene decidida su entrada en prisión en espera de juicio, estamos sin duda alguna ante una disfunción de un sistema de justicia que comienza a apestar a cadáver.

Pues el caso es que la detenida fue subida de los calabozos, y prestó declaración ante el juez de instrucción. Obviamente lo negó todo y la impresión que dio, como es habitual, no fue precisamente buena. Aunque reto a cualquier lector a tratar de dar buena imagen tras pasar un día entero y dormir (o tratar de hacerlo) en lo que sólo puede calificarse como una mazmorra. Les aseguro que no lo conseguiría ni Scarlett Johansson.

Una vez tomada la declaración, Su Señoría indicó que sin solución de continuidad, iba a celebrar la vista por si procedía la prisión provisional. Concedió, como es preceptivo, la palabra al fiscal, que de forma muy, pero que muy sucinta, se limitó a decir que como era una indigente había riesgo de fuga, y que se la metiera en el trullo a la voz de ya (no lo dijo expresamente con esas palabras, claro, pero para entendernos vale).

Y seguidamente el juez de Instrucción concedió la palabra a la defensa. Teniendo en cuenta que el resultado de aquella pantomima ya estaba decidido de antemano, lo que daban ganas de decir era más o menos algo como “¿Para qué señoría? Para guardar las apariencias de algo que no existe, mejor no perdamos el tiempo y nos vamos a casa”. Sin embargo, este abogado  tiene un niño pequeño con la mala costumbre de comer todos los días, y por desgracia se suele caer en la trampa de pensar que, para lo que te van a pagar (si al final pagan) y para lo que te lo van a agradecer (siempre seré de los malos), no merece la pena buscarse un problema de los gordos. De los muy gordos.

De modo que sabiendo que ni me estaban escuchando (excepto el funcionario que estaba escribiendo en el acta lo que decía, cosa que se agradece, porque al menos alguien era consciente de mi existencia) le expliqué al juez que si bien el delito que se le imputaba estaba penado con prisión, no estaba clara la calificación (por no hablar de su comisión), y que era posible que tras la instrucción se la terminara juzgando por otro diferente mucho más leve; que la detenida no era peligrosa en absoluto ni había riesgo de fuga, y en fin, que no se cumplían los requisitos legalmente establecidos. Permítanme no repetir aquí los detalles y pormenores en los que basé mi postura, más que nada para no contar circunstancias personales ni de las víctimas ni de la imputada.

Tras ello, con cara de aburrimiento tras esos largos e inútiles minutos gastados en tratar de mantener la apariencia de un Estado de Derecho, el juez nos dio las buenas tardes y salí de allí con la sensación de haber perdido algo más que el tiempo. Al cabo de unos minutos, otro funcionario salió de allí con el acta y con el Auto de prisión firmado por Su Señoría. El mismo Auto que ya estaba redactado y preparado antes de empezar. Por supuesto salimos del juzgado a tiempo de que quien quisiera viese el partido, excepto los policías encargados de trasladar a la imputada al módulo de preventivos de la prisión.

Como final de la historia, quizás sea interesante contar que tras el juicio, la acusada fue puesta inmediatamente en libertad. Claro que el tiempo de prisión al que fue enviada previamente no se lo quita nadie.

Justicia-chiste

Como dijo una insigne magistrada del Tribunal Supremo, “es que no se puede tratar a todo el mundo igual”.

Y ahora olvídense de que se trata de una persona pobre que vive en una zona marginal de la ciudad. Olvídense de esos prejuicios que nos hacen creer que en el fondo, se lo merecía. Y piensen que podría haber sido uno de ustedes. O algún familiar cercano. Piensen en la cantidad de circunstancias que en un momento de confusión pueden confundir a un policía y hacerle pensar que su hermano o su hijo están implicados en algo que no han cometido.

Para eso está la justicia”, pensarán. “Para eso están los procedimientos. Para que la verdad prevalezca”. A menos que quien debe impartirla y quienes deben administrarla tengan prisa por ver un partido en televisión, o sufran la mala suerte de ser detenidos en un día de fiesta. A menos que impartir justicia se convierta en un acto burocrático más, en el tradicional “sota, caballo y rey”.

Esto es lo grave. Éste es el problema que pudre la justicia. Y no depende de medios ni se soluciona con decálogos de medidas de observatorios variados.