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División de poderes.

Ese detalle que siempre se pasa por alto

escrito por Miguel A.Velarde 15 noviembre, 2014
División de poderes

División de poderes (faltan el Constituyente Originario y el Constituyente Derivado, pero los anglosajones son más prácticos).

Antes de empezar, supongo que debiera tranquilizar a quien se acerque a estas líneas. No es mi intención escribir sobre el nacionalismo, ni de la payasada que incluso los medios han acabado llamando consulta, ni de la organización territorial del país. De lo que pretendo hablar es de algo mucho más básico y más grave. Es cierto que el problema se ha hecho especialmente visible con la situación que existe actualmente en Cataluña. Ha dado la cara en esta ocasión, como lo habría hecho, y habitualmente lo hace, en cada pequeña crisis o dificultad a la que se enfrenta España.

A veces pienso que una gran cantidad de ciudadanos sería más feliz viviendo en algo parecido a una monarquía absoluta, siempre que mantuviese cierta imagen buenista. La idea de que el gobierno (hablamos, por supuesto, del Poder Ejecutivo) tenga poder ilimitado para hacer el Bien es algo que mucha gente cree lógico e incluso atractivo.

Aunque lo más preocupante es que esa idea la compartan personas que ostentan o aspiran a alguna magistratura. Los que se supone que deben conocer sus obligaciones y velar por el funcionamiento de las instituciones, aparentan no tener muy claro eso de que en un Estado de Derecho, el poder, cualquier poder, está limitado y sometido a leyes.

Un principio que cualquier niño en edad escolar debiera tener claro (mucha educación para la ciudadanía pero los conceptos básicos siguen siendo brumosos) es que si bien un ciudadano puede hacer todo lo que no tenga expresamente prohibido, una autoridad o una institución sólo pueden hacer lo que tengan expresamente permitido. De hecho, y salvo excepciones, lo que se les permite suele ser obligatorio.

Cualquier institución del Estado tiene un marco legal que circunscribe su actividad. Es el ordenamiento jurídico quien la crea, le da sus funciones, sus competencias, sus procedimientos de actuación y sus límites. Por supuesto que quien ostente la magistratura en concreto, quien esté en el cargo, podrá tomar sus decisiones según su criterio e ideas, y actuar en consecuencia, pero esa actuación y esas decisiones nunca podrán traspasar los límites que establecen las normas. ¿Y esas normas no pueden cambiarse? Por supuesto, pero debe hacerlo el Poder Legislativo, que también está sometido a límites, el principal de los cuales es el deber de seguir un procedimiento.

Hablando en plata, un cargo o funcionario público en el ejercicio de su cargo, por muy buenas razones que le asistan, jamás podrá hacer aquello que la ley no le permite o directamente le prohíbe, y por supuesto, deberá hacer sin excusa alguna aquello a lo que está obligado. Si tiene algún problema moral con eso o no sabe cómo cumplir con su función, siempre puede dejarlo.

Entiendo que a veces no es tan fácil, y viviendo en un país con incontinencia normativa, mediocridad legislativa y amor por la chapuza, en ocasiones puede resultar difícil saber con exactitud cual es exactamente el sentido que el ordenamiento jurídico ha decidido para un cargo. Sin embargo, en esta ocasión no es el caso.

Pero dejemos la teoría y descendamos a la realidad, a los hechos concretos. Veamos una serie de curiosos acontecimientos que se han salido de lo habitual en el normal funcionamiento de las relaciones entre instituciones del Estado. Y comprendo que decir que el funcionamiento de las Administraciones Públicas españolas se ha salido de lo normal es una afirmación poco sorprendente en un país en el que tal funcionamiento se parece más a la deriva continental (algo lento, previsible, cuyo mecanismo se desconoce realmente aunque haya teorías al respecto, y con resultados habitualmente catastróficos) que a otra cosa. Digamos que ha sido más patético de lo que de costumbre.

Primer acto:

Como introducción de nuestro curioso drama (o comedia bufa, más bien), resulta que el órgano legislativo de una Comunidad Autónoma (que forma parte del Poder Legislativo del Estado) aprobó no hace mucho una Ley que, a juicio del ejecutivo central, vulneraba el reparto de competencias establecido en la Constitución. Es obvio que habiendo llegado a esa conclusión (en teoría asesorados por expertos en Derecho cuyo trabajo es, precisamente, informar de estas cosas), no podía plantearse si conviene o no recurrir dicha ley ante el Tribunal Constitucional (órgano a quien la Constitución encarga dirimir controversias de este tipo). Si entendía que la Ley era anticonstitucional por la razón que fuese, el gobierno tenía obligatoriamente que recurrirla.

Porque aunque pueda resultar sorprendente para muchos, la principal (y casi única) utilidad del gobierno es cumplir y hacer cumplir las normas del Poder Legislativo y las resoluciones del Poder Judicial (y para no liar más el tema, incluiré aquí al Poder Constituyente derivado, es decir al Tribunal Constitucional).

N G Evangelion

Personaje de Evangelion sufriendo por cuestiones seguro que la mar de trascendentales y por que no sale ya la Sentencia del T.C.

El Tribunal Constitucional, como todo en España, se hace de rogar. Es más lento que un episodio de Neon Genesis Evangelion (el símil no me ha quedado mal: ambos son muy conocidos en su gremio, hasta cierto punto soporíferos, tuvieron su momento de gloria, y al final nadie entiende lo que quieren decir, pero da igual porque a pocos les importa). Por eso y en ocasiones (de hecho, casi siempre que es el gobierno central quien recurre) en espera de una Sentencia definitiva que zanje la discusión, suele suspender la norma recurrida, para que en caso de que haya que anularla, no se creen entre tanto situaciones que luego sean difíciles de revertir. En este caso, como era de esperar, el Tribunal suspendió cautelarmente la ley autonómica.

Segundo acto:

Siguiendo un guión que era público y notorio, el ejecutivo autonómico (recordemos, parte del Poder Ejecutivo del Estado) convocó un referéndum. El Poder Ejecutivo, como ya he explicado, no puede hacer lo que le salga de las narices. Necesita que una Ley, un acto del legislativo, le autorice u ordene cualquier acción o decisión que pretenda.

En esta ocasión el gobierno central entendió de nuevo que este acto del ejecutivo autonómico se realizaba de forma contraria al ordenamiento jurídico. Por ello procedió a recurrirlo también ante el Tribunal Constitucional. Porque como ya he repetido, no tenía opción. A pesar de lo que muchos creen, no podía decidir aquello de que bueno, está mal, pero pelillos a la mar. De la misma forma que si un policía ve a un tipo atracando a una vieja no puede decir que, sí, que está feo, pero que para qué montar un escándalo.

payasos saludando

Políticos nacionalistas catalanes haciendo Alta Política de Estado.

De nuevo el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda, y de nuevo, como la decisión iba para largo, suspendió cautelarmente el acto de la convocatoria.

Tenemos, pues, a un Poder del Estado (el ejecutivo, aunque en su faceta autonómica) con un acto administrativo (la convocatoria de un referéndum) suspendido por otro Poder del Estado. Es obvio que no tiene más opción que obedecer y no ejecutar la convocatoria, porque (¿alguien se acuerda?) el poder en un Estado de Derecho está sujeto a límites y controles por parte de las normas y de los otros poderes.

Tercer acto:

Por supuesto, la cosa no podía quedar así. Al fin y al cabo estamos en España, donde la gente está convencida de que que si se tiene la Razón nadie puede poner límites al Bien, y de que de alguna forma mágica, cualquier cosa es posible si se desea lo suficiente. Porque al fin y al cabo, el espíritu de la picaresca del siglo de oro se mantiene con buena salud. Eso de exigir a los demás que cumplan sus obligaciones, pero entender que está bien saltarse las leyes cuando eso nos convenga a nosotros o a los nuestros (es decir cuando la causa sea justa y para hacer el Bien).

Bueno, que me desvío de lo principal. Estábamos con que el Tribunal Constitucional había suspendido cautelarmente una Ley de un legislativo autonómico, y un acto de su ejecutivo. ¿Hasta aquí bien, no?

Pues resulta que el gobierno autonómico que vio paralizada su actuación, comenzó el clásico baile tan español de acátese pero no se cumpla. Sí pero no. Obedezco la suspensión pero el referéndum se va a celebrar. No se celebrará pero sí.

¿En qué quedamos? Pues en que una serie de entidades culturales privadas (lo que en España quiere decir, gente que vive sin dar un palo al agua del dinero de los demás) serán las que organicen algo parecido a una verbena festiva, que tenga la apariencia de una parodia de referéndum. Este teatro sería organizado y ejecutado por voluntarios. El resultado, así a primera vista, iba a ser una especie de manifestación sui generis mezclada con una encuesta cutre, cuyo resultado tendría la misma validez que un billete de 15 euros.

payasos tres

El Gobierno central trabajando por los ciudadanos.

Sin embargo, como aquí hay que dar cierta imagen pensando en futuras elecciones, y el espectáculo debe continuar, enseguida miembros del ejecutivo autonómico comenzaron a decir que ellos ayudarían en este circo, y que pondrían a disposición de los organizadores tales o cuales recursos públicos. Y se jactaron de que en realidad, eran muy listos y todo era un triquiñuela para eludir la suspensión del T.C.

Frente a estos acontecimientos, el gobierno central tuvo dos opciones. Pudo entender que todo se trataba de una pantomima, una pataleta de adolescentes políticos que querían llamar la atención, pero con nula repercusión real (otra cosa sería determinar la responsabilidad posterior de autoridades y funcionarios concretos, por un uso impropio de recursos públicos); o por el contrario podía estimar que se trataba de un acto ilegal tendente a incumplir una resolución del Tribunal Constitucional. Lo vuelvo a repetir, por si no me he explicado bien en todo este artículo: esta es la decisión política a la que el ejecutivo central se enfrentaba. Una vez tomada esta decisión, sus consecuencias escapaban a su voluntad, puesto que su respuesta estaba obligada por el ordenamiento jurídico.

El gobierno central concluyó que, efectivamente, se encontraban ante un acto ilegal, por lo que volvió a acudir de nuevo ante el Tribuinal Constitucional, que de nuevo suspendió cautelarmente el acto del gobierno autonómico. Sin embargo, en esta ocasión, éste dejó bien a las claras que le traía al fresco la resolución del tribunal, que no la iban a cumplir ni siquiera en apariencia, y continuaron adelante con el tema.

El dramático desenlace:

Y aquí es donde empieza a fallar la cosa, porque el ejecutivo autonómico anunció que iba a comenter un delito (así sin pararme a pensar, se me ocurre de momento el tipificado en el artículo 410 del Código Penal), y sin embargo, el gobierno central decidió no impedirlo.

– Oiga, ¿policía? Es que unos tipos con pasamontañas y armados con escopetas recortadas están en la puerta de mi tienda y me exigen que les abra.

-No, verá, estamos cerca, pero es que si vamos va a ser un lío, se va a montar un escándalo y se pueden poner violentos… Mejor ya actuamos cuando se cometa el delito.

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Representantes de los partidos de la oposición exponiendo sus propuestas y sus ideas.

Por supuesto, una vez cometido el delito, habrá que perseguir a los autores del mismo. Aunque parece ser que ahora nos dicen que la fiscalía (ya saben, ese órgano jerárquico a cuyo jefe lo pone a dedo el gobierno) no va a actuar contra todos los funcionarios y autoridades implicados, sino sólo contra tres o cuatro. Porque de nuevo entienden que eso de que su obligación sea aplicar la ley es una cosa muy molesta e inconveniente.

Pero es que existía la obligación de impedirlo. De impedir que se vulnerase el ordenamiento jurídico y de que las resoluciones de los tribunales (incluyendo el Constitucional) se incumplieran. Recordemos: el poder ejecutivo tiene como función principal cumplir y hacer cumplir la ley.

Pero en esta ocasión, ambos órganos del mismo Poder Ejecutivo (el gobierno autonómico y el central) decidieron que no lo iban a hacer. Que no iban a cumplir la ley ni la iban a hacer cumplir.

¿Por qué razón? Porque entendieron que, a pesar de que esa era su obligación, no les convenía cumplirla. Que su interés o su conveniencia estaba por encima de sus obligaciones y del ordenamiento jurídico. Porque hay gente que puede estar por encima de esas normas, a la que no se puede tratar como al resto de ciudadanos vulgares.

Es conveniente no olvidar esto. Recuérdenlo la próxima vez que un órgano del Estado intente aplicarles la ley. Porque no duden a ustedes y a mi sí que lo harán sin contemplaciones. La próxima vez que reciban una carta de Hacienda, la próxima vez que les llegue una notificación de Tráfico, la próxima vez que su ayuntamiento les exija una tasa o les prohiba algo…

Pero sobre todo, recuérdenlo la próxima vez que acudan a votar.