Home Derecho Conceptos jurídicos básicos para “3500 millones”: El “contrato social”

Conceptos jurídicos básicos para “3500 millones”: El “contrato social”

escrito por Burrhus el elefante neocon 1 enero, 2013

A cuenta de mi artículo de ayer sobre la última expropiación de Evo Morales, el señor Gonzalo Fanjul y un servidor hemos podido intercambiar, en un tono muy amable y cordial (como no podía ser de otra forma), una serie de tweets sobre la seguridad jurídica, los derechos de los emigrantes ilegales y la existencia de un “contrato social” que supondría la asistencia sanitaria a emigrantes ilegales equivalente a la reclamación de seguridad jurídica por parte de España frente a expropiaciones bolivianas.

Siento auténtico pavor por las consignas. Una de las que más se repite, por ejemplo, es la de “la austeridad no es suficiente”. Como si en realidad alguien en alguna parte del mundo hubiese aplicado algún conjunto de medidas realmente austero. En realidad, lo que quieren decir no es que “deben aplicarse más medidas liberales”, sino que hay que encontrar nuevas formas para estimular la economía. O imprimir más dinero.

A mí esto del “contrato social” como si fuera un halo protector de derechos al margen de lo que digan la Constitución y las Leyes me suena a un nuevo slogan con el que los defensores de la actual socialdemocracia (también conocidos como Generación Prima) pretenden protegerla. La verdad, tengo que reconocer que esto de que “existe un contrato social que obliga al Estado a mantener un Estado del bienestar” suena cojonudo.

En fin, ya saben que para mí esto de dejar de timarse a uno mismo es una cuestión de principios. Por ello, me molestaré en explicar qué es la seguridad jurídica, porqué el “contrato social” como algo abstracto no tiene ninguna validez jurídica y sus consecuencias.

Seguridad jurídica.

A lo cafre, podemos concluir que la seguridad jurídica consiste en el respeto por los contratos firmados, la conciencia de que las condiciones jurídicas de un país no cambiarán de otra forma que no sea siguiendo un procedimiento previamente establecido y no arbitrario, y la limitación de la retroactividad de los efectos de las nuevas normas. La correcta aplicación de este principio suele diferenciar claramente las democracias occidentales de las dictaduras.

Esta condición suele ser muy importante cuando se habla de invertir millones de euros en un país. Por ejemplo, cuando sale Hugo Chávez expropiando los edificios que no actúan de acuerdo a su voluntad en la tele simplemente porque sí, sin respetar un procedimiento previo claramente establecido, está ignorando el principio de seguridad jurídica.

No obstante, se puede respetar este principio y actuar con la misma arbitrariedad. Basta con recoger en las leyes y cartas magnas principios del tipo “toda riqueza queda subordinada en la forma que se estime oportuna por el Gobierno” y que dicha forma oportuna sea simplemente, según la ley que desarrolle este precepto, que al presidente se le ocurra una expropiación bajo cualquier pretexto. ¿Respeta la seguridad jurídica? Sí. ¿Montaría un servidor un negocio en un lugar así? Ni harto de vodka del malo. ¿Sigue siendo reprobable la actuación estatal? También.

Contrato social.

Concepto inventado por Jean Jacques Rousseau. Aquí hubo una discusión muy interesante sobre las ideas relativas a Rousseau, y aquí una refutación en menos de 5 minutos.

Más allá de que el señor Rousseau ni se planteara la idea de un Estado del Bienestar como el que tenemos actualmente (o el del siglo XIX), hay dos cosas que no se pueden hacer. La primera, considerar el contrato social como aquello que nos dé la gana, sin definirlo previamente. La segunda, creernos que el “contrato social”, sin siquiera ninguna definición objetiva a la que agarrarnos [no ya un reconocimiento expreso en las normas jurídicas], puede ser un principio jurídico a respetar por legisladores, tribunales y ciudadanos.

En España existe una Constitución vigente, aprobada mayoritariamente por referéndum en 1978. A mí me gustará más o menos, pero cuando hablamos de Derecho, esta Constitución es lo que hay. Y en ella no se recoge ningún “contrato social” en términos de “todo el que esté en España tiene derecho a una socialdemocracia a la sueca” o derivados. Lo que nos dice es que estamos obligados a obedecer lo que se ponga en ella y las normas que la desarrollen. Luego, existen los criterios de los “Principios rectores de la política social y económica” (Título I, Capítulo III). En estos principios no se recoge un “contrato social” como tal, sino la enumeración de una serie de derechos positivos y el deseo de protegerlos y lograr buenos resultados. Y estos derechos se plantean de forma que deben ser desarrollados por leyes ordinarias. Tampoco existe en el artículo 9.3. Y no hay más donde buscar.

Seguridad jurídica Vs. Contrato social

La diferencia está en la falsabilidad de los planteamientos. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos de remitirnos a la Constitución y a normas que la desarrollan. Uno sabe a qué agarrarse cuando está todo escrito de antemano, y puede juzgar dónde invierte su dinero, su tiempo, su esfuerzo y su vida. El “contrato social”, si no se define y se plasma en normas que posteriormente se aprueban, tiene la misma voluntad que los deseos de cualquiera. El mismo valor que la creencia religiosa, que su opinión y que la mía. Y la misma arbitrariedad que puede emplearse para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria para los emigrantes ilegales puede emplearse para tratarles todavía peor, o para discriminar negativamente a mujeres, gays, católicos, ateos, niños, mayores, personas de un estatus social, de otra raza o por cualquier otra bobada que se nos ocurra.

Derechos y putadas de la vida.

Esta vida da asco. Así de crudo. Las injusticias han sucedido a lo largo de la historia, siguen sucediendo y sucederán por los siglos de los siglos. Es una putada que una persona que necesita trabajar para mantener a su familia sea despedida de una empresa con muchos beneficios, pero si la conducta del empresario no está tipificada como algo ilegal [entre otras condiciones], el empresario puede despedirlo.

Estas son las normas del juego. Independientemente de los derechos que cada cual crea que deban existir. Por supuesto que podemos quejarnos de los derechos y su ejercicio, pero si no queremos volvernos locos y protegernos de abusos mucho peores, hay que remitirse a las leyes.

Corolario: Una putada no legitima otra. Pretender que Bolivia tiene derecho a expropiar a Iberdrola porque el Estado español niega el derecho a la asistencia sanitaria a la emigración ilegal es como castigar a un judío/negro/boliviano/español por los crímenes de otro judío/negro/boliviano/español con el que no ha tenido relación en su vida. Iberdrola no tiene la culpa o responsabilidad en las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España en materia de emigración ilegal.

Derechos de los emigrantes ilegales.

Hay que (vamos a ser generosos) echarle entusiasmo para afirmar que existe un contrato social que obliga al Estado a ofrecer una serie de servicios a personas que no cumplen con sus requisitos de entrada y residencia.

A partir de aquí, cada cual podrá tener su punto de vista sobre los derechos positivos de los que deben poder disfrutar los emigrantes, también de los ilegales. Pero en España lo que rige es el artículo 13 de la Constitución, cuyo apartado 1 fusilo a continuación.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.

Esto significa que, según nuestra Carta Magna, no existe tampoco ningún contrato social que obligue, por poner el caso, a una asistencia sanitaria. Y si la ley dice que no hay asistencia médica para los emigrantes ilegales, puede ser una gigantesca putada (lo es), pero es legal.

Lo que no vale es decir que algo es ilegal o injusto porque sea una putada. Para que podamos tener un Derecho mínimamente eficiente, y dado que sólo mediante la Ley el Estado puede actuar, primero debemos separar lo que consideramos para nosotros justo o injusto (la putada) de lo que está mal para la ley. Incluso cuando entendamos que nuestro punto de vista es mejor que el ofrecido por la ley.

Esto también es aplicable a la expropiación sufrida por Iberdrola. El robo sufrido por la empresa esapañola seguramente será perfectamente legal. Y una auténtica putada para los accionistas, trabajadores y usuarios de servicios.

Las consecuencias de ignorar el déficit público.

Negar el derecho a la asistencia sanitaria a los emigrantes ilegales es una de las minucias con las que el Estado ha decidido recortar el gasto público. No obstante, se trata de una partida presupuestaria, y como tal es susceptible de ser retirada. Más aún si uno tiene un déficit presupuestario del 8% (y llevamos así unos años), que hemos absorbido todo el crédito disponible, que sólo hay quien está dispuesto a prestarlo a un interés de usura y que las perspectivas son espantosas.

Y más nos vale que nos ajustemos, porque la suspensión de pagos sí puede ser terrorífica, económica y socialmente hablando. Las partidas son discutibles, pero con un agujero presupuestario de semejante calibre y a la vista de que las subidas de impuestos no funcionan, tampoco es para echarse las manos a la cabeza por negar un servicio a quien no paga por él y ni siquiera ha entrado legalmente en el país.

PD: Mi postura personal respecto de la emigración.

Creo en la libertad total de circulación de servicios, mercancías, capitales y personas. Aplicado al caso, creo que quien quiera debería poder venir a vivir y trabajar en España (y a cualquier país) sin ningún tipo de traba burocrática. Pero también creo que quien quiera un servicio debe pagárselo de su bolsillo, o en todo caso recurrir a servicios prestados voluntariamente por otros.

Y con este post, les un muy feliz año nuevo 2013. Y si son libres, mucho mejor.