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Sociedad Civil y Democracia. Ponencia de acción política. Mi crítica

escrito por Luis I. Gómez 8 octubre, 2012

Este fin de semana ha tenido lugar el Congreso Constituyente de Sociedad Civil y Democracia (SCD), el nuevo partido político español encabezado por Mario Conde. Algunos de nuestros colaboradores han estado allí y nos contarán de primera mano lo ocurrido. También espero que nos den sus primeras impresiones. Por mi parte me voy a permitir dar mi opinión sobre los contenidos, de la llamada “Ponencia política“. Cito de la misma, punto por punto:

1. En el modelo que propone Sociedad Civil y Democracia, SCD, la revisión constitucional requerirá la aprobación por mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados y quedará sometida a referendum del pueblo español para su aprobación, con una participación de, al menos, el 50% del Censo nacional.

Una Carta Magna es el contrato por el que un grupo de individuos decide organizarse en sociedad bajo una serie de criterios legales y territoriales. Me parece muy bien que se exija como mínimo la aprobación de las dos terceras partes de la cámara para proponer cambios en ella (sea esta como fuere), pero quienes realmente han de ratificarla son los individuos que vivirán bajo ella. En otras palabras: el Parlamento nunca podrá alterar el contenido de la Constitución, ni con los dos tercios, ni con mayoría absoluta. Los parlamentarios podrán hacer propuestas y llevarlas a referéndum. Es todo. Son las personas las que deben decidir qué se cambia y cómo se cambia en su contrato más importante. Una participación del 50% se me antoja  paupérrima. Sólo si la Constitución incluye el derecho de secesión unilateral tendría sentido establecer ese mínimo -véase más abajo-. Si hemos de poner números, yo abogaría por una participación de, al menos, el 80%. Y sólo con dos tercios de los votos podría salir adelante la propuesta. Esto si consideramos que debemos reorganizar nuestro contrato marco de esta forma.

2. Se someterá a referendum del pueblo español la forma y la configuración territorial del Estado.

Hablar de “pueblo español” se me antoja decimonónico. Son los contribuyentes -esto es, quienes pagan impuestos para mantener el aparato del Estado- los que tienen derecho a voto, los que “firman” el contrato y los únicos que pueden dirimir sobre el mismo. Imaginen ahora que los contribuyentes que habitan una determinada zona del territorio “históricamente definido como España” no quieren someterse ni a las estructuras territoriales, ni a las políticas propuestas. Apenas son un 10%. Les negamos el derecho al autogobierno? Simplemente porque la “mayoría” no quiere? Apelamos a la historia común, a la patria y otras cantinelas emotivas pero irrelevantes? Un modelo territorial/social/político jamás podrá ser mantenido indefinidamente con otros argumentos que no sean la voluntad explícita de TODOS los que se acogen a él.

3.Ese modelo territorial que se someterá a referendum establecerá una lista de competencias exclusivas e indelegables del Estado.

Bueno, como ellos no las definen, lo hago yo:

  1. Asuntos exteriores. Representa a la República en los foros internacionales.
  2. Defensa. Ejército voluntario para la defensa ante agresiones directas.
  3. Interior. La Policía estatal es subsidiaria. Actúa solamente allí donde las capacidades de los servicios privados de seguridad alcanzan su límite de acción.
  4. Justicia. Rule of Law (and not of men) exige leyes generales y abstractas. Órgano principal serán los tribunales arbitrales. Se privatizarán las cárceles.
  5. Economía. Para financiar un estado mínimo basta una cuota de estado de, como máximo, el 10% de los ingresos. El mercado será el encargado de delimitar los medios de cambio.

4. Defensa de la Nación española, de sus instituciones y sus símbolos.

Espero que se refieran a la “nación Española” que se autoconstituye como tal de novo tras el proceso constitucionalista y la definición del nuevo espacio territorial tras haber atendido la voluntad de los contribuyentes que prefieren otro estado para proteger sus derechos.

5. El pleno ejercicio de los españoles de la soberanía nacional. Entre otras medidas se establecerá un auténtico sistema de reconocimiento de la iniciativa legislativa popular, así como la utilización de las herramientas digitales actualmente disponibles, que permita a la Sociedad Civil participar en los asuntos de interés público.

Los contribuyentes deben tener el derecho a participar en TODOS los asuntos de interés público in situ. El uso de herramientas digitales es voluntario. Cualquier votación han de ser, pero, personal y analógica. Nada más fácil que manipular una encuesta en internet. Ustedes me entienden.

La soberanía no es nacional. Los individuos son los soberanos. El contrato al que nos referíamos antes supone que los firmantes deciden “compartir” su soberanía, y exigir del estado la defensa de la misma. Un estado no es soberano (vuelta de tortilla del Soberano que se decía ser estado) por la sencilla razón de que no tiene VOLUNTAD.

6. El derecho de los ciudadanos a exigir el uso del idioma castellano en cualquier parte de la Nación española, con respeto y protección a las lenguas cooficiales.

Esto presupone que quienes hablan gordonés han decidido seguir siendo parte del estado español y que en la Constitución se fija el castellano como lengua oficial. Es mucho presuponer. La lengua invita a unirse; no fuerza la unión. Los Estados Unidos e Inglaterra, Hispanoamérica y España hablan la misma lengua y no forman a pesar de todo una Nación. Al contrario, Suiza, que existe como la conocemos, porque nació del convenio de sus distintas partes, cuenta con cuatro lenguas. Para el hombre existe algo que hemos de situar, en una escala de valores, por encima de la lengua: la voluntad.
La toma exclusiva en consideración de la lengua tiene serios peligros. Valorar en exceso la propia lengua como determinante de la Nación, supone encerrarse uno a sí mismo en un nivel cultural sólo “nacional”; es profundamente autolimitante. Se abandona el aire libre que se respira en la anchura de la humanidad, para retirarse al divertículo de los conciudadanos. Nada es peor para el espíritu, nada es peor para la civilización.

7.Una nueva ley electoral con posibilidad de revocación de cargos por parte de los electores durante la legislatura.

Estoy totalmente de acuerdo

8. Eliminación progresiva hasta su supresión de la financiación de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y todo tipo de fundaciones vinculadas a los mismos. En todo caso, con la obligación de unos y otros de someterse de forma permanente a la auditoría del Tribunal de Cuentas.

No hay caso. El dinero de los contribuyentes no está en ningún caso para subvencionar las actividades particulares de nadie. La eliminación no tiene por qué ser progresiva. Los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de cualquier tipo, empresas o bancos que no sean capaces de desarrollar su actividad desde la propia iniciativa deberán rendirse a la evidencia: nadie tiene interés en lo que proponen. Que cierren.

Reúno varios puntos referidos a la justicia:

9.Desaparición del Tribunal Constitucional de forma que el recurso de amparo se sustancie ante la Sala de Garantías del Tribunal Supremo en la que se tomen las medidas necesarias que eviten su politización. Los conflictos que puedan plantearse entre el Estado y las entidades territoriales se resolverá por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo.

20. Se regulará el acceso a la carrera judicial. La organización interna y la promoción de jueces y magistrados. En particular, de jueces de instancias superiores para garantizar la absoluta independencia del poder político.

21. Los jueces y magistrados que accedan a la política, no podrán volver a la carrera en el plazo de 5 años, regresando al escalafón en la situación en que se encontraban antes de acceder a la política.

22. El Fiscal General del Estado será elegido por el Congreso de los Diputados por una mayoría cualificada.

23. Los delitos de prevaricación cometidos por jueces y fiscales se juzgarán por Jurado Popular y conllevarán penas de privación de libertad.

La justicia… los medios, la cultura, los políticos españoles (europeos, también muchos liberales), casi me atrevo a decir que todo pensamiento contemporáneo está embebido de la fantasía por la cual existiría para nosotros un bonum commune de alguna forma (la fantasía no tiene límites) realizable, materializable. Es la fantasía de una vida mejor para todos. En la cumbre de esta fantasía encontramos a su vez la idea de que esa vida mejor para todos no es posible por los errores de los otros y que la política no hace nada para evitarlo, a pesar de que debería haberlo reconocido e identificado como el problema. Esta idea parece inmortal. Es la idea de la justicia material. Es la idea que justifica para muchos los peores atentados imaginables a la libertad y la vida de otros.

Es lo formal, sin embargo, aquello en lo que apoyamos la construcción de las fronteras interpersonales, lo que delimita el marco de los espacios de libertad individual. La justicia formal lleva implícitos valores mucho más exquisitos que su prima material: determinación de principios, praxis de la razón, imperio del acuerdo entre iguales.

Y sobre esta idea, la idea de justicia formal, basada en una forma de modestia casi perfecta porque para llegar a realizarse impone la renuncia en la negociación, basada en la libertad individual y el respeto a la libertad del otro, libre de prejuicios y sospechas apriorísticas, generadora de verdadera igualdad, sobre esta idea, digo, no habla casi nadie. La justicia formal deberia ser el pilar de un “estado moderno de derecho”, pero asistimos a su desaparción. Desaparece porque la paulatina pérdida de conciencia de uno mismo -fruto socialista- anima a los hombres a buscar un punto de amarre, un amarre a la posibilidad de una utópica justicia material.

La historia nos ha mostrado cómo todo intento de instaurar un sistema de justicia material sólo ha servido para destruir las relaciones formales entre las personas. En otras palabras, sólo ha servido para socavar la libertad individual.

No, los jueces y los fiscales sólo se deben a la LEY. sus ideologías, sus propias valoraciones no cuentan a la hora de impartir justicia. Ningún  órgano político, empeñado por definición en lo material, puede nunca decidir quién imparte justicia ni sobre quién se hace.

10. Supresión del Senado. Las Cortes Generales pasarán a tener una sola Cámara: Congreso de los Diputados.

11. Desaparición o limitación de aquellos órganos inútiles o excesivos para los
ciudadanos con el fin de evitar los gastos que implica su mantenimiento.

12. Los ciudadanos podrán acceder y conocer sin restricción toda la información relativa a la actividad económica y financiera, con capacidad para el control de ingresos y gastos del Gobierno, Administraciones Públicas, Entidades Locales y Regionales y demás organismos y fundaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, y que perciban recursos públicos.

13. Creación de un cuerpo único de interventores para todo el territorio, con auditoría pública al menos cada tres años.

14. Se instituye la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de los candidatos a los órganos e instituciones del Estado, para proceder a un examen de idoneidad, profesionalidad e independencia.

15. Se configurará el estatuto de los cargos públicos, para regular sus remuneraciones,
medios materiales y límites de gastos.

16. Fin del estatuto privilegiado y protegido de la clase política y limitación temporal de los cargos públicos.

17. Responsabilidad civil y/o penal para las personas que gestionen irresponsablemente o irregularmente recursos públicos.

Todo lo que sea limitar el poder de quienes están al servicio de los contribuyentes contará siempre con mi beneplácito.

18. Acción ciudadana efectiva para evitar injerencias de la clase política en los medios de comunicación, con eliminación de las subvenciones a televisiones de ámbito territorial inferior al Estado

Privatización!

19. Modificación del sistema financiero para restablecer la función social del crédito y la financiación de la economía real.

La función del crédito es comercial: alguien necesita dinero, otro se lo presta y cobra por ello.

La economía real no necesita financiación, necesita libertad.

Estas cosas las cuenta magnificamente Mill en su libro:

Comprendiendo la Economía. Capítulo 5. EL INTERCAMBIO, EL PRECIO Y EL MERCADO.

24. Se revisará el sistema de pensiones para garantizar unas retribuciones dignas al máximo posible para todos los ciudadanos españoles.

Cambien la palabra “revisará” por PRIVATIZARÁ y la frase será impecable.

25. Se procederá a revisar el actual sistema público de enseñanza en todos los
sistemas educativos. El Estado asumirá las competencias básicas en materia educativa en todos los niveles. En el ámbito de la educación superior es necesario fusionar campus, y otras medidas para una mayor eficiencia. Se apoyará la investigación científica y técnica.

Obligar a los padres a dar a sus hijos una formación previamente establecida en unos centros homologados por el Estado implica obligarles a asumir determinadas IDEAS y determinados gastos. Puesto que es el Estado el que establece esta obligación, es aceptable que se haga cargo de dicho desembolso (lo cual no implica garantizar la gratuidad total a todas las familias y en todos los niveles educativos). En cualquier caso, se hace necesario un sistema de financiación de la enseñanza.

De acuerdo con el sistema actual, el Estado cubre la totalidad de los gastos de la escuela pública, a la cual asigna docentes en régimen de funcionariado. Como si se partiera de una demanda insuficiente, el Estado asume el gasto de los centros públicos con total independencia de los resultados que cosechen y de la elección de los padres. Hay, por otro lado, un régimen de conciertos, por el cual el Estado cubre los gastos (nunca del todo) de algunos centros privados, a condición de que las enseñanzas que impartan sean gratuitas (nunca lo del todo). La concesión del concierto es discrecional: no hay vinculación a los resultados o a la demanda, aunque sí se consigue someter los centros concertados a esa burocracia de la escuela pública moderna, o sea socialista.

Son muchas las objeciones que se pueden plantear a este sistema. En síntesis: no hay posibilidad de ajuste entre la oferta y la demanda, es decir, que la proporción entre centros públicos y privados la fijen los padres; no hay incentivo alguno a la mejora de resultados (principalmente, porque no hay mecanismos externos de evaluación); los padres que llevan a sus hijos a centros privados no concertados pagan dos veces el gasto educativo; estos centros quedan, pues, reservados a minorías; no se incentiva a la iniciativa privada a instalarse en zonas desfavorecidas; se imponen rigideces y controles a la iniciativa privada que quiere acceder al dinero destinado a la educación.

Bien, listo para leer sus comentarios y críticas. Qué les parece?

 

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