Home Economía Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (III): Sobre la Ley de Dependencia y sus escasos cambios

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (III): Sobre la Ley de Dependencia y sus escasos cambios

escrito por Burrhus el elefante neocon 20 julio, 2012

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He llegado a leer auténticas barbaridades relacionadas con la Ley de Dependencia y sus reformas. Lo mejor que podemos hacer, como siempre, es remitirnos a BOE. Las medidas se recogen en el Título III del famoso Real Decreto-Ley.

Antes de entrar en materia, mencionar la principal norma: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Aquí pueden comparar el resultado final con la versión anterior (al menos, la que yo he utilizado).

Los cambios más significativos son los siguientes:

– La asignación del nivel mínimo entre las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.» (art. 9).

– Las ayudas en las actividades domésticas por parte de empresas o particulares tienen que estar relacionadas con la asistencia para las actividades diarias de estas personas dependientes. Antes, no (art. 23).

– Se crea un nuevo artículo con el que afinar la incompatibilidad de prestaciones, si bien las Administraciones podrán establecer compatibilidades entre estas. Destaco que se posibilita la compatibilidad de recibir una prestación o un servicio con la teleasistencia. (art. 25 bis).

– A la hora de asignar las prestaciones económicas, decide la Administración junto con los Servicios Sociales, si bien se tiene en cuenta la valoración de los familiares (art. 29.1). Se mejora la definición en comparación con la anterior.

– Disposición final primera: La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

Todo queda igual hasta el quinto año. Desde el quinto:

Ahora:

El quinto año, que finaliza el 31 de diciembre de2011, aquienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, Nivel 2, y se les haya reconocido la concreta prestación.

A partir del 1 de julio de2015 aquienes hayan sido valorados en el Grado I, nivel 1, o sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada.»

Antes:

El quinto y sexto año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.

El séptimo y octavo año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.

Es decir, que se pospone año y medio (corríjanme si me equivoco) la evolución de nivel dentro de la categoría de dependencia moderada.

– El derecho al acceso se genera desde la resolución, tras seis meses sin respuesta o, en el caso de que sean los familiares quienes hagan el servicio, tras dos años (disposición final primera, punto 3).

Hay más cambios en la ley, pero son cuestiones ortográficas o de relevancia similar. Y por si alguien tiene alguna duda, lo no modificado sigue en vigor.

 

Análisis.

La asignación la realizaba antes la Administración General del Estado. Es decir, que parece que ahora son las CCAA quienes pagan lo que el Gobierno fije. ¿Alguien quería más competencias?

Se intenta definir mejor las razones por las que se pueden prestar servicios bajo el amparo de esta ley.

Las Administraciones tendrían la potestad para poder compatibilizar diferentes prestaciones y servicios. Además, se busca un mejor encaje legal de la teleasistencia. Y esto, que suena muy bien y que parece razonable, supone dinero.

Se retrasa un año y medio la mejora de las prestaciones cuando sean calificadas como “Moderadas” dentro de la categoría 1. Un pequeño ahorro para el contribuyente, equivalente al mayor esfuerzo que le supondrá al dependiente y/o su familiar.

Finalmente, se establecen las condiciones de reconocimiento del derecho. Debemos destacar el retraso en el reconocimiento cuando el cuidador sea un familiar, dos años. Esto fomentará que se busquen cuidadores no familiares. Hecha la ley, hecha la trampa. Además, contratar a un tercero permitiría al familiar poder trabajar, algo económicamente mucho mejor para la familia que prescindir de esa fuente de recursos.

 

Valoración:

 

Desde el punto de vista del gasto público, no estamos ante un ajuste severo. Ni tampoco se puede decir que se “pierda ningún derecho”. Me atrevo a decir que la ley queda casi como estaba. Las posibles prórrogas pueden ser importantes para quienes las sufran, pero menores. El mayor inconveniente desde el punto de vista jurídico, los cuidados de los familiares, su reconocimiento y respaldo, son subsanables con un poco de inteligencia.

Es decir, con los cambios hechos a la ley, yo no veo ningún freno minimamente serio a la Ley de Dependencia. Luego está la cuestión presupuestaria, que puede ser importante (estamos hablando de una reducción de sueldos del 15%). Pero al menos, en este Real Decreto-Ley, yo no lo he encontrado. Y lo que importa es la existencia y el reconocimiento del derecho.