Home Economía Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas (I)

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas (I)

escrito por Burrhus el elefante neocon 14 julio, 2012

El primer título del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio [aquí, texto original], se refiere a las medidas relacionadas con el funcionamiento de la Administración y los funcionarios. Y, en mi opinión, demuestra la importancia que tiene esto de mirarse las cosas antes de emitir un juicio de valor.

Los puntos más importantes de este Título son:

1.- Indemnizaciones de los políticos: Si recibes una indemnización o una pensión de los presupuestos generales del Estado por haber dejado un cargo público, no puedes recibir otra retribución de los presupuestos generales del Estado. Los cargos públicos, también.

2.- Paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los funcionarios. Se suprime esa paga, si bien no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

3.- Asuntos propios. Se limitan a 3 días los que pueden tomarse los funcionarios (artículo 8).

4.- Jubilación forzosa de funcionarios. La que indique la norma pertinente (art. 11).

5.- Optimización de recursos humanos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (art. 15).

– Se fijarán sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de los empleados.

– Se analizará la distribución del personal en la Administración del Estado y se adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito.

Sorprende que esta optimización no haya ocurrido antes.

Análisis:

Pensiones de políticos. Es una pena que ello no implique al resto de retribuciones. Es decir, la señora Pajín puede estar cobrando su pensión por no ser diputada y trabajar en otra cosa. Basta con cumplir el régimen de incompatibilidades. Lo ideal sería que, si se dejara la política, no existiera pensión más allá de lo que se hubiera cotizado, y que automáticamente tuvieran que buscarse las habichuelas en cualquier otra empresa u organización no relacionada con su trabajo. Pero va a ser que no.

Paga extra. No se dejen engañar por la eliminación de la paga extra de los funcionarios. Se adopta esta medida porque no salen las cuentas de este año. No es que sea importante, que lo es y mucho, pero lo que realmente determina el gasto son las leyes y el personal de forma fija.

Días para asuntos propios. Muy bonito.

Todo lo anterior puede sonar muy bien, y siempre es deseable la transparencia y que la gente tenga unas condiciones laborales que el empleador pueda pagar, pero en mi opinión se tratan de cuestiones de imagen de cara a la opinión pública.

Lo que realmente importa es la optimización de la Administración del Estado. ¿Hay dinero para pagar tanto servicio público? Por mucho que se proteste desde la demagogia o desde la cerrazón ideológica, no. Y si durante una recesión únicamente se ha perdido empleo en el sector privado y mientras que el Estado lo ha ganado y se no ha hecho nada para corregirlo (y durante todo nuestro período democrático ha sido así), sobran leyes que otorgan funciones al Estado y para lo que se requieren funcionarios. En cualquier caso, su número no será bajo.

Por desgracia, en España nadie quiere que el Estado renuncie a ninguna de sus atribuciones. La gente sueña con que todo siga igual y que para ello se prescindan de los parásitos políticos del sistema y se “pula” un poco el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Con esta perspectiva, sólo cabe intentar emplear los recursos de la forma más eficiente.

Y ahí entra el Ministerio de Administraciones Públicas. ¿Puede explicarme alguien para qué ha servido hasta el día de hoy el Ministerio de Administraciones Públicas si no tenía hasta ahora tales atribuciones? Visto así, podríamos decir que, hasta ahora, en lugar de tener un Departamento de Recursos Humanos dentro de la Administración Pública hemos tenido un Ministerio de funcionarios.

Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué nuevas competencias tendrá a partir de ahora este Ministerio? Y me centro en dos cuestiones:

Primero: Si realmente se va a hacer un análisis de los puestos de trabajo, para en base a ellos diseñar los criterios de productividad que deberán cumplir los funcionarios, ¿cómo pretenden garantizar que los resultados no queden por debajo de las capacidades reales de los funcionarios? Y lo que es más importante: ¿Cuánto nos va a costar esta reforma?

Si se hace bien, es decir, si se hace bien un análisis y una valoración de los puestos, estaríamos ante algo muy importante para el buen funcionamiento de la Administración: No sólo se pueden establecer programas formativos que mejoren la productividad (se supone que esto ya existe). También podrían establecerse los criterios de productividad en límites exigibles y los criterios disciplinarios para prescindir de aquellos funcionarios que no los cumplan.

Segundo: ¿Incluirá la posibilidad de despedir a funcionarios si estos no fueran necesarios y no se les pudiera readaptar o recolocar en otros puestos? ¿Se seguirá contratando con aquellos funcionarios de carrera que formasen parte de instituciones pública que desaparezcan?

Una verdadera optimización de los servicios públicos implicaría prescindir no sólo de altos cargos o de funcionarios, también de las leyes que les dan sustento. Pero si no se quiere cambiar realmente nuestro conjunto de leyes e instituciones, un pequeño “Departamento de Recursos Humanos” puede ayudar a hacer el sistema más eficiente. Algo mucho más importante que una paga extraordinaria o unas pensiones.

No obstante, se trata de una instrucción que se da desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, es decir, que está todo todavía por hacer. Y si ya de por sí todo aquello que toca el Estado tiene muchas posibilidades de no hacer aquello que realmente debería hacer, si además en España la separación de poderes es inexistente, debemos ser muy cautelosos. Pero, en principio, la idea es muy buena.

Valoración.

Si montar este Departamento de Recursos Humanos implica contratar a 1.000 personas para acabar despidiendo a 800.000 funcionarios prescindibles y no recolocables en otros puestos y conseguir una Administración Pública realmente eficiente y barata, firmo ahora mismo.

El resto de medidas tiene como objetivos, por un lado, aproximarnos al objetivo presupuestario del déficit del 6% a final de año (cifra que tiene narices con la que está cayendo), y por otro, dar la impresión pública de que se están haciendo cosas.