Home Liberalismo Amnistía fiscal: Una injusticia inútil y probablemente ilegal

Amnistía fiscal: Una injusticia inútil y probablemente ilegal

escrito por Burrhus el elefante neocon 31 marzo, 2012
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Supongo que ya estarán al tanto de la noticia de la publicación en el BOE por parte del Gobierno del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Entre otras medidas (como la subida del impuesto de sociedades, debe ser que las empresas y los empresarios nos sobran), el texto recoge un período de declaración especial. El texto dice lo siguiente (me tomo la libertad de quitar lo que entiendo que no es útil para el lector, y justo debajo lo resumo todo en un párrafo):

Disposición adicional primera. Declaración tributaria especial.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.

2. Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento.

El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.

Junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.

4. No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o  investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos.

5.- […] El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012.

Es decir, que quienes hayan defraudado en el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no residentes pueden regularizar su situación pagando el 10% de la cantidad total, sin recargos, sanciones o intereses. Eso sí, si se hubiera iniciado antes el procedimiento por parte de de la Inspección de Hacienda, no se te aplica y se aplican todos los recargos, multas y demás conceptos establecidos. Este período durará hasta el 30 de noviembre de 2012.

Todos entendemos que el ajuste de las cuentas públicas es imprescindible si queremos salir de la crisis: Solo una vez saneadas las cuentas públicas, sin necesidad de que el Estado se endeude, pueden comenzar a sanearse las empresas y la sociedad.  Hasta ahí, todo bien. Dicho ajuste puede hacerse de dos formas: reduciéndose el gasto o recaudándose más impuestos. Hasta ahora, fácil de entender.

Ésta medida en concreto tiene el objetivo de aumentar la recaudación fiscal. En Italia, tras aplicar esta medida, consiguieron repatriar entre 80.000 y 95.000 millones de euros. No sería moco de pavo. En España, por el contrario, los resultados serían mucho más modestos:

[…] el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro presentó ayer una amnistía fiscal con la que pretende recaudar hasta 3.250 millones de euros. El objetivo es hacer aflorar una economía sumergida de unos 25.000 millones (en torno al 2,5% del PIB nacional) e intentar tributarla.

Las negritas son mías.

Esto tiene dos visiones: Desde el punto de vista utilitario y desde el punto de vista de la justicia como tal.

Desde el punto de vista utilitario, tuvimos hace menos de un año de una amnistía, en este caso laboral. Ya anticipé en su día que, a pesar de dicha amnistía -o en parte gracias a ella-, podíamos llegar a los cinco millones de parados. Ahora vamos camino de los seis. Aplicando el mismo criterio, creo que la gente va a seguir sin declarar porque no puede fiarse de que este gobierno les suba los impuestos una vez que ya les han localizado, que es la razón por la que defraudan a Hacienda. No tienen ninguna garantía.

Si lo que se quiere es hacer que la gente reconozca lo que realmente tiene, la medida correcta y que todo el mundo entiende es que se bajen los impuestos. Es el mejor antídoto frente al fraude fiscal. Porque claro, pagar al 10% unas cantidades y luego seguir defraudando porque los impuestos son demasiado altos refleja que el sistema fiscal español no funciona. Por ello, creo que la medida no va a tener éxito.

Pero lo grave es lo ocurrido desde el punto de la justicia como tal. Desde el punto de vista de la justicia como imparcialidad, que es el concepto de Rawls, es absolutamente inaceptable. Me atrevo a decir que se está arriesgando la seguridad jurídica del país. El mismo artículo 31.1 de la Constitución afirma que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Los representantes de los  inspectores de Hacienda ya lo están denunciando abiertamente.

¿Qué señales envía la medida?

– Al inversor: “Estos españoles están desesperados, y de la misma forma que pueden adoptar una medida que me beneficia, en cualquier momento y sin avisar pueden adoptar una medida que me perjudica.” El resultado es que me lo pienso demasiado, no meto la pasta y el paro sigue como está.

– Al “contribuyente caradura”: “Si defraudar sale barato en función del tiempo que esperes… voy a seguir defraudando y a la próxima, pues lo declaro y me sale mucho más barato.” Es decir, que este defraudador seguirá defraudando.

– Al “contribuyente honrado”: “Yo compito honradamente, pagando mis impuestos religiosamente, bajo amenaza de multa y cárcel. Ahora resulta que quienes han actuado mal y han defraudado a Hacienda se van a fumar un puro… ¿por qué no he tenido yo las mismas oportunidades que ellos? ¿Cómo se me compensa por la oportunidad perdida? Pues nada, aquí los listos son ellos, así que yo también voy a defraudar.” Y tenemos a un nuevo defraudador.

Me suena muy mal que Cospedal diga que España es un país fiable. ¿Ante quién es fiable? ¿Ante los ciudadanos, que somos quienes les pagamos? Me temo que no. ¿Ante los españoles emprendedores, a quienes se les sube el Impuesto de Sociedades? Tampoco. Más bien, me arriesgo a decir que la medida creará todavía más indefensión y desapego en los ciudadanos. También es cierto que el pueblo español tiene una paciencia digna del santo Job, pero no ayudará en el futuro.

Lo que está en juego es si seguimos siendo un país estable o si nos convertimos en una suerte de Grecia, Argentina o Venezuela. No es ninguna tontería. Para ello, España debe pagar sus deudas en las fechas establecidas. Pero no por ello se puede sacrificar la seguridad jurídica del país. Precisamente la seguridad jurídica garantiza que no nos convirtamos en dichos países.

Me atrevo a plantear que el mayor problema que padece España es la parcialidad de la mayor parte de las medidas y leyes adoptadas por nuestros legisladores. Mientras el objetivo original de la socialdemocracia era que, respetando el libre mercado, el Estado pudiese corregir aquellos problemas que una sociedad libre no consiguiera, el objetivo de la socialdemocracia española es el de modificar arbitrariamente todos los procesos productivos de acuerdo a criterios políticos para lograr unos resultados arbitrariamente establecidos mediante criterios políticos. Y si ello no es suficiente, también se interviene en la iniciativa privada que pretenda corregir dichos problemas, cuando no se atribuye directamente dicha potestad. Intervenimos en la economía, en los transportes, en la energía, en la sanidad, en la educación, en las empresas, en su producción y en el mercado laboral, en las iniciativas sociales privadas, en las obras públicas, en las casas, en las pensiones, en el sector financiero, en la moneda, en las cosechas… La pregunta es: ¿Queda algo por tocar? Me temo que no. Las áreas se podrán tocar mejor o peor, más o menos, pero se toca todo.

En España, la oferta ya no responde a la demanda de los consumidores sino a las demandas políticas. Y ésto es lo que hay que corregir. ¿Cuál es el resultado de este modelo de intervencionismo? En España, una depresión camino de durar 10 años, una tasa de paro superior al 20% y una generación de jóvenes tirada al cubo de la basura. Es decir, hay mucho trabajo por delante. Con esta perspectiva, pregunto: ¿Cómo puede otra medida arbitraria sentar las bases que saquen a España de todos los problemas que padece a medio plazo? E incluso en el caso de que fuese necesaria dicha medida, ¿por qué no viene acompañada de otras medidas que sí sienten las bases de una auténtica recuperación?

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