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La reforma constitucional, fiskeada y explicada

escrito por Burrhus el elefante neocon 26 agosto, 2011

Repasemos los hechos: Como consecuencia de la creación artificial de crédito por el BCE y unas leyes que incentivaban la escasez del suelo y la inversión en vivienda, se creó una burbuja inmobiliaria en España. En base a esa burbuja, se creó otra burbuja en nuestro Estado del Bienestar. Y como no tenían dinero para mantener la burbuja inmobiliaria y seguir pagando tanto despilfarro, los políticos optaron por financiarse con préstamos de inversores (alias “Los Malvados Mercados™”), impidiendo que el resto de la sociedad pudiera acceder a él. Los Malvados Mercados™, como no se fiaban de los políticos españoles (ni de los griegos, ni de los portugueses, ni de los italianos ni de los irlandeses ni de los belgas), subieron los intereses a niveles de cuando estábamos en la primera legislatura de Aznar. Y Francia y Alemania, viendo que nuestra incompetencia podía contagiarse a sus economías y cargarse el euro, se hartaron y obligaron a los Estados despilfarradores a imponer controles constitucionales a sus gastos (vía presunta carta del Banco Central Europeo). Fue así como hace tres días Zapatero y Rajoy votaron por imponer un límite al déficit de las Administraciones Públicas.

¿Qué ventaja tenía imponer una cifra de déficit? Que las Administraciones tendrían que ser mucho más serias a la hora de controlar el gasto. Ello no evitaría que las Administraciones Públicas hicieran de vez en cuando el ganso, pero al menos tendrían un límite fijo e insalvable excepto para situaciones de emergencia (y sí, también para coyunturas económicas).

A mí me costaba contener la emoción. No podía creer que nuestros políticos pudiesen adoptar una medida tan austera, sensata, y para todas las Administraciones Públicas. Me daba la risa cuando leía a economistas keynesianos y marxistas echándose las manos a la cabeza. Me mofaba cuando escuchaba a los diferentes tertulianos comentar que esta reforma haría que no se pudiera aplicar a Keynes por mandato constitucional, como si les importara un rábano que con la actual Constitución  no se pueda aplicar a Hayek. En el futuro podríamos evitar situaciones tan lamentables como las de Castilla-La Mancha con las farmacias o del resto de las Comunidades Autónomas. No soy más primo porque no me entreno.

Esta noche, PP y PSOE han pactado la reforma de la Constitución. Ha salido publicado en el BOE El País. Únicamente se reformará el artículo 135 de la Constitución. Fiskeemos el nuevo artículo, a ver qué pasa:

Artículo 135.1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Vale. Preferiría que se apostara por el superávit presupuestario con la excepción de una catástrofe, y sólo permitiendo endeudarse para paliar los efectos directos de dicha catástrofe, pero lo acepto.

Artículo 135.2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Como se preguntaba Alberto Artero esta mañana en Onda Cero, ¿qué es eso del “déficit estructural”? El tope máximo, me temo, será el que imponga la Unión Europea. Lo cual quiere decir que nuestros políticos son incapaces de controlar su sed de despilfarro.

Artículo 135.3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Y quién autoriza? Si fuese la Unión Europea, la verdad, nos harían un favor. Una cosa buena consiste en que el pago de deuda tiene prioridad absoluta. También tendremos que rezar a la Unión Europea para que el volumen de deuda pública del conjunto de las AAPP en relación con el PIB del Estado se parezca mucho al de Georgia.

Artículo 135.4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Estoy de acuerdo en la primera (catástrofe natural), claramente en desacuerdo en la segunda (recesión económica, ya lo hemos aplicado y ha fracasado miserablemente en todos los casos, también en el New Deal) y tengo mis dudas sobre la tercera por la sencilla razón de que es demasiado difuso. No obstante, si es para rescatar bancos o salvar al Estado del Bienestar de sus despilfarros, la respuesta es que no.

Artículo 135.5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Una Ley Orgánica implica que tenga que ser apoyada por mayoría absoluta en el Congreso, no en el Senado. En la coyuntura actual, Zapatero las pasaría canutas para aprobar un aumento del déficit presupuestario, pero no así con mayoría absoluta. Y si no se cumpliera el presupuesto o se incumplieran los preceptos de esa Ley Orgánica, se podría reclamar ante los Tribunales. Eso está bien.

Lo que no está bien es eso de que sea la propia ley la que establezca la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. Lo ideal sería que la metodología y el procedimiento para el cálculo fueran establecidos por Europa, es decir, por una institución neutral independiente. Pero se hará al revés: Europa pone la cifra y nuestros políticos el método de cálculo para que dé la cifra buscada.  Tampoco me gusta que sea la misma ley la que fije las responsabilidades públicas: debería ser una ley independiente.

Artículo 135.6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

A las Comunidades Autónomas les bastará con cumplir con lo que le digan desde arriba.

Disposición adicional única.

3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Será de aplicación cuando el PSOE pueda volver al poder. Algo que, de por sí, no me parece inherentemente malo. Gracietas aparte, me parece muy tarde.

Además, citamos el acuerdo al que han llegado ambos partidos políticos, que aunque no sea oficial, también tiene su miga:

Esta Ley Orgánica fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2020, que se distribuirá del siguiente modo:
  • El déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del producto interior bruto nacional.
  • El déficit estructural en que podrá incurrir cada Comunidad Autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su producto interior Bruto.
  • Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Ayuntamientos, diputaciones provinciales y entidades insulares tendrán que ajustarse al déficit 0. Los déficits posibles a partir de 2020, los de arriba. Preferiría que tuvieran superávit, pero estamos hablando de décimas de punto porcentual. Recuerdo que los “espartanos” criterios de convergencia de Maastricht, el límite era del 3%. Si empezaran a aplicárselos desde ahora mismo estaría mucho mejor. Y si esos fueran los techos máximos de déficit en tiempos de crisis, sería extraordinario.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

Es decir, que estos límites se podrán revisar en ambos plazos. Con todo, cabe resaltar que siempre deberán entrar en los límites establecidos por la Unión Europea. ¿Confiamos en nuestros políticos?

A los efectos del contenido de la citada Ley Orgánica, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales

Es decir, que los ajustes keynesianos no cuentan. Explicado de otro modo: Si el Estado cuesta 100, las Administraciones Públicas sólo podrán gastarse 100,04. Salvo que estemos en recesión, que entonces podrán gastar lo que entiendan oportuno con los únicos límites que imponga la Unión Europea. Estos límites comunitarios pueden ser 102, 105, 107 ó lo que los funcionarios comunitarios estimen pertinente.

Conclusiones:

  • Es una clara delegación de responsabilidades en la Unión Europea, algo que habla a las claras del fracaso de nuestros políticos para contenerse. No tiene porqué ser malo.
  • No se tocan ni el Título Preliminar ni el Título I: el Estado español sigue configurado como un Estado social y democrático de Derecho, y siguen estando plenamente vigente el Capítulo III del Título I, de los Principios rectores de la política social y económica. España sigue siendo una socialdemocracia.
  • Lo mejor de la medida es que se evitan ataques de locura despilfarradora de políticos. Incluso en el caso de que estuviéramos en recesión, tendrán un límite. Ya sea para el déficit presupuestario como para la deuda pública acumulada.
  • Existe la posibilidad real de que, en tiempos de recesión, las Administraciones Públicas se endeuden hasta las trancas si es necesario. Y poder hacer trenes, Planes E y otras medidas cuyo éxito es más que discutible.
  • Existe la posibilidad real de que esas cifras de ajuste presupuestario, que son razonablemente serias, sean cambiadas por otras más generosas para los caprichos políticos.
  • Existe la posibilidad real de que se pueda “engañar” a la gente con la metodología de cálculo del PIB. Para mí, es la clave de la eficacia de la reforma.
  • Está por ver con qué medidas se castigarán a aquellos que osen sobrepasar el déficit exigido.
  • Por los datos establecidos, ayuntamientos y diputaciones provinciales no podrán endeudarse.
  • Esta reforma no va a calmar a los mercados. Seguirán prestándonos dinero en función de nuestras posibilidades de pago y de reforma. Es decir, hasta que lleguemos a esos criterios de estabilidad presupuestaria.
  • Todo esto da igual. Lo que importa es que tanto los políticos como los ciudadanos seamos claramente conscientes de que no puede gastarse más de lo que se ingresa en ninguna circunstancia, y que más nos vale aprender del cuento de la cigarra y la hormiga y ponernos a ahorra en los tiempos de bonanza para poder compensar los tiempos de crisis. Su éxito o fracaso dependerá de lo serio que se tomen los políticos este problema.
  • Y todo ello no nos sacará de las crisis sin una decena de reformas relacionadas con la liberalización del mercado laboral, de la creación de empresas, del sector energético, de la justicia, de la duplicidad de funciones en las Administraciones Públicas, la sanidad, la educación y cualquier otra cosa que se les ocurra.
  • El mayor perjudicado políticamente hablando de esta reforma, junto a Rubalcaba, puede ser Gallardón.