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Análisis jurídico y económico de las bobadas sobre el techo de gasto público

escrito por Burrhus el elefante neocon 23 agosto, 2011

Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta para limitar tanto la deuda como el déficit presupuestario de todas las administraciones públicas. La indignación socialista (entendida en sentido amplio) no se ha hecho esperar: Twitter hierve, y toda la esfera progresista pide un referéndum. Egócrata se echa las manos a la cabeza contra la medida mientras resuenan sus gritos de horror en la caverna neokeynesiana donde mora, aunque seguimos esperando que funcione alguna de las medidas que él propondría y que se han aplicado.

Sin embargo, la mayor sarta de bobadas las esgrime Doña Rosa María Artal, que no sería más que otro chiste malo del 15-M si no fuera porque se ha convertido en la primera referencia de la izquierda. Fiskearla entera es una pérdida de tiempo, pero sí conviene desmontar rápidamente una falacia relacionada con la presunta irrupción del “neoliberalismo” en nuestra Carta Magna:

Zapatero se despide a todo lo grande. Acaba de proponer reformar la Constitución para fijar en ella un techo al déficit público. Es lo que mandaron Merkel y Sarkozy y, lógicamente, Rajoy está de acuerdo.

Vamos a ser concretos: Se pretende limitar tanto el déficit como el gasto público. Es decir, no gastarse más de una cierta cantidad por encima de una cantidad (por ejemplo, ingresar 100 y gastar 102), y no hacerlo por encima de un punto (por ejemplo, 60% del PIB). De por sí, una familia no funciona así: ajusta en función de lo que ingresa. Una empresa ni se lo plantea: se trabaja para ingresar más de lo que se gasta. La chapuza estatal se mantiene: únicamente se fija un máximo en la irresponsabilidad de las administraciones públicas con el dinero del contribuyente. Pero para ella esto no es suficiente, y afirma:

Esto implica consagrar el neoliberalismo en nuestra Carta Magna, segando el camino a cualquier progresista que pueda llegar en un futuro al Gobierno.

Hay que ignorar nuestra Carta Magna en profundidad y con entusiasmo para soltar semejante disparate. Según lo que ha dicho ZP, se trata de añadir, no de quitar. Es decir, que lo que hay sigue vigente. ¿Y qué sigue vigente?

Artículo 1.1 CE:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

Capítulo III Título I CE (arts. 39 a 52): Aquí se recogen derechos como la protección de la familia, de la salud, régimen público de Seguridad Social, medio ambiente, derecho a la cultura, protección e integración de discapacitados, etc., etc., etc.

Si tienen más dudas, miren el art. 9.2 CE:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Para mí, además de reformar seriamente esos artículos, sería una prueba seria de lo que se está hablando que se corrigieran los aspectos relacionados con la planificación.

Art. 38 CE: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

O el art. 33 CE:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.

Insisto. De todo lo anterior, no se toca absolutamente nada. Simplemente se añadiría un límite al gasto y al nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas. Si se ingresara el 50% del PIB y se gastara el 50% del PIB, se estaría en los disparatados niveles alemanes y cumpliendo la supuesta nueva Constitución. Cualquier Gobierno con el nivel de demagogia, hipocresía y ansia por el dinero ajeno y el poder suficientes puede cumplir con esos criterios.

También está colando el argumento de que limitar el nivel de endeudamiento conllevará a otra recesión. Su argumento es terriblemente equivocado porque ignoran el endeudamiento privado, más del doble por encima de la deuda pública, y mientras el Estado siga comiéndose el crédito disponible, esto no levantará (o tendremos una crisis aún peor en unos años). Esto es una crisis de estructura económica, que sólo se resuelve pagando las deudas y que la gente cree nuevas industrias ajustadas a la demanda real.

Si no lo creen, pongámonos en el caso contrario: busquemos más deuda pública. ¿Quién estaría dispuesto a prestarnos dinero si no tiene garantías serias de que va a recibir la deuda y los intereses? Nadie en su sano juicio y sin coacción de por medio. ¿Qué quieren? Que sigamos dependiendo de unos mercados a los que no se les deja de acusar de los peores males del planeta? Endeudarnos hasta las trancas es lo que hemos hecho, y no solo no ha funcionado sino que los intereses que debemos pagar son elevadísimos. Y en 2015, la deuda pública estaría por encima del 80% del PIB. A ver qué país es el guapo que saldría de una crisis como la nuestra y con niveles de endeudamiento público y privado como estos.

La penúltima bobada consistiría en monetizar la deuda (en todo o en parte), algo con lo que la inflación se dispararía.

Y la última sería declarar la suspensión de pagos… lo que se supone que debemos evitar a toda costa salvo que uno sea votante de Izquierda Unida o no quiere que nos levantemos en los próximos 30 años.

¿Está bien la medida? Cuatro años antes habría estado mejor, la verdad. Aparte de eso, conviene tener en cuenta las matizaciones de Manel sobre la dureza ante el incumplimiento, a las que yo añadiría una reforma de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, que incluya penas de cárcel además de la multa correspondiente y la inhabilitación para quienes se atrevan a hacer el ganso con las arcas públicas. Todo depende de la forma final que se le dé al articulado constitucional y sus leyes y reglamentos de desarrollo. Como me encanta decir: Nada es real hasta que sale en el BOE.

Una última cosa: Cualquier reforma de la Constitución, antes por referéndum. Que para eso hay un sencillo procedimiento establecido:

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Aclaración 24-08-2011, 08:17: Para estos casos, el referéndum no es obligatorio. Se supone que iría dentro del Capítulo III del Título I, dedicado a los principios rectores de la política social y económica. Es decir, puede aprobarse sin referéndum. No obstante, yo prefiero que se apruebe por referéndum una medida de control del déficit siguiendo el modelo alemán (que me parece demasiado blando, en tanto que  se puede establecer más déficit por mayoría simple y con la que actualmente tienen más deuda que nosotros, pero algo es algo).