¿Y el ATC para cuándo, señor ministro?

Las centrales nucleares son capaces de generar una gran cantidad de energía mediante las reacciones de fisión que tienen lugar en el combustible nuclear. Cuando ese combustible agota su capacidad de producir energía, es cambiado por combustible fresco, almacenándose el gastado en la propia central nuclear. Por razones políticas que no vienen al caso, a principios de los años 80, en España se decidió no reciclar el combustible gastado como hacen en otros países, optando por una estrategia conocida como «ciclo abierto»: el combustible nuclear se utiliza una sola vez y luego se considera un residuo.

En nuestro país han operado, a lo largo de los últimos 43 años, diez reactores nucleares, ocho de los cuales siguen actualmente produciendo electricidad. Si nada cambia, en 2028 se cerrará la central manchega de Trillo y, para ese entonces, se habrán generado unas 6.700 toneladas de combustible gastado que necesitarán ser gestionadas. La gestión de ese combustible se reserva a la titularidad del Estado, en virtud del artículo 128.2 de la Constitución Española que debe, por tanto, hacerse cargo de él. Ahora bien, que deba gestionarlo no implica que deba pagar dicha gestión. De hecho, son las propias centrales nucleares las que están pagando y pagarán la cuantía necesaria para ello, según establece la Ley 11/2009.

¿Y qué va a hacer España con ese combustible? En diciembre de 2004 todos los grupos parlamentarios le exigieron al Gobierno, por unanimidad, la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para guardar el combustible gastado de todas las centrales nucleares de España. De este modo, los residuos radiactivos de alta actividad estarían en un sitio unificado durante unas decenas de años hasta que se tome la decisión final de qué hacer con ellos. Y en ese momento empezó uno de los espectáculos políticos más lamentables que se recuerdan. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de construir un ATC pero ninguno de ellos lo quería en sus comunidades autónomas.

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Manuel Fernández Ordoñez
Manuel Fernández Ordoñez
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3 comentarios

  1. Manuel, esta frase de tu artículo me ha encantado, no tiene desperdicio: «De este modo, los residuos radiactivos de alta actividad estarían en un sitio unificado durante unas decenas de años hasta que se tome la decisión final de qué hacer con ellos.»

    Yo la completaría: «De este modo, los residuos radiactivos de alta actividad estarían en un sitio unificado durante unas decenas de años hasta que se tome la decisión final de qué hacer con ellos otras tantas decenas de años, hasta que se tome la decisión final…»

    Vamos, que el tema tiene pinta de salir gratis (no se a quién, pero gratis)).

  2. Hay que recordar sin embargo que 60 000 euros al dia son solo menos de veintdos millones al añ y que un ATC en Espańa no sale gratis.  El Estado gasta mucho mas de veintidos millones en subvenciones a sindicatos (los cuales luego pone tiendas de optica donde gracias al dinero del contribuyente los afiliados pgan menos que en el sector privado) o a diversas ONGs a cada cual mas estraflaria y que esos millones si que son limpios (es decir que le estado a cambio no se ahorra ningun coste de ATC)

  3. Impecable artículo Manuel. Difícil explicarlo tan clarito en tan poco espacio.

    Sobre el pago de la gestión de residuos, aclarar antes de que aparezca algún elemento difundiendo falacias, que previamente a la Ley 11/2009 que citas, ese pago no lo hacían directamente las centrales, sino las eléctricas (o sea las propietarias de las centrales). Es más correcto a la hora de atribuir costes que éstos recaigan en las centrales nucleares, pero este coste nunca ha salido de los impuestos, sino de los kWh (ahora de los kWh nucleares y antes de todos los kWh).

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