Home Economía Exclusión laboral: Una explicación jurídica y gráfica del fracaso de la negociación colectiva

Exclusión laboral: Una explicación jurídica y gráfica del fracaso de la negociación colectiva

escrito por Burrhus el elefante neocon 6 junio, 2011

Da pereza leer las excusas de las partes sobre el fracaso en las negociaciones entre patronal y sindicatos. Que los sindicalistas echen la culpa a la patronal de la falta de acuerdo entra dentro de lo normal. Que el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, además, meta al PP, es un poco más raro. Y tengo la sensación de que, por mucho que proponga ahora Rosell, los cambios tendrán que realizarse por decreto. Se le veló la foto a ZP.

También aburren los comentarios de Toxo y Méndez sobre las probabilidades de éxito de un decreto. Podemos apostar a que el Gobierno no va a reformar significativamente la legislación laboral. Da igual lo dura que se ponga la patronal.

No me extraña que MILL tenga tantos reparos hacia la negociación colectiva.  El problema está en nuestra legislación. Y más concretamente, en nuestra Constitución y sus nobles intenciones de solidaridad y no discriminación:

  • El artículo 2 establece un vínculo entre las nacionalidades y regiones que integran España mediante el principio de solidaridad.
  • El artículo 138.1 garantiza el principio de solidaridad del artículo 2 mediante un equilibrio económico adecuado y justo.
  • El artículo 138.2 establece el principio de no discriminación, evitando privilegios económicos o sociales.
  • Y el artículo 139.1, el artículo clave, afirma que los españoles tienen los mismos derechos en cualquier parte del territorio español.
  • Para colmo, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 1982, el orden económico ha de ser uno en todo el Estado, debiendo aplicarse las medidas con carácter unitario, y sin discriminaciones.

Es decir, legalmente, la legislación básica de las políticas económicas debe ser para todos igual. Luego están los artículos 130 y 131, que parecen sacadas de la Constitución de la antigua Unión Soviética, pero no afectan especialmente al problema porque son (a falta de una expresión mejor) “intervenciones puntuales de corrección”.

Podemos así concluir que la legislación básica a nivel económico debe ser igual en toda España. Hasta ahí, todo normal. Luego, tenemos el artículo 7 de la Constitución, que es para mirarlo con lupa:

“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.”

¿Y qué interés económico y social le es propio al sindicato? El Estatuto de los Trabajadores (ET). Por ejemplo, si la patronal quiere eliminar el derecho de mantener el sueldo aunque te bajen de categoría, estamos hablando del artículo 39.3 del ET.

Con esto, pretendo demostrar que nos guste o no, tenemos que tragarnos la negociación colectiva. Y si el gobierno quiere cambiar cualquier cosa por su cuenta, primero debe esperar sentado a que patronal y sindicatos acaben de tirarse los trastos a la cabeza.

Pero una cosa es que los sindicatos y la patronal discutan sobre  cuestiones que afecten a las empresas y a los trabajadores que tienen afiliados, y otra cosa muy distinta que pretendan resolver los problemas reales de la sociedad.

Uno de los factores que más influye en el desempleo es el tiempo que lleva desempleado. De acuerdo con Cáritas, el 46% de los parados llevan así más de un año. Y somos casi cinco millones de parados. Es decir, 2.400.000 personas en España corren riesgo de caer en la exclusión social. Y a medida que pase el tiempo, no se produzca un cambio profundo en la legislación laboral y no se produzca una recuperación económica sólida, el número de personas en riesgo de exclusión social aumentará.

¿Alguien de la patronal, de los sindicatos o del gobierno se ha planteado este problema? A mí, junto con lo de Andalucía, me parece lo más grave que está ocurriendo en España. Y sabemos que debe producirse un cambio en la legislación laboral desde que a Zapatero le cambiaron los presupuestos desde la Unión Europea (hace un año).

Me he tomado la libertad de crear una gráfica indicando la diferencia entre los más necesitados de la sociedad en base a los 500 euros que cobra un teleoperador trabajando en negro en Andalucía; y el Salario Mínimo Interprofesional impuesto por el Gobierno. Y los márgenes de negociación de cada una de las partes (los de la sociedad, en azul -el margen derecho sería el límite máximo de lo que podrían ofrecer-; y los resultantes de la interacción entre sindicatos y patronal, en fuxia), no se tocan.

Podría coincidir un margen si los que negociaran fueran la sociedad, o sus ciudadanos de modo libre con los empresarios. Pero ese margen no va a coincidir nunca porque los sindicatos no pueden defender una reducción tan grande de los “derechos sociales” ante sus afiliados o la sociedad. Tampoco lo permitiría un Gobierno como el presidido por Rodríguez Zapatero. Y dudo que vaya a hacerlo Rajoy si finalmente es elegido Presidente.

El paro juvenil, la exclusión social o la diferencia entre Comunidades Autónomas son los problemas más serios a los que debemos hacer frente, y la Constitución, las leyes y especialmente la negociación colectiva son las herramientas jurídicas que nos hemos dado para afrontarlas. Si los agentes sociales tardan tanto en conseguir acuerdos dentro de los márgenes que ellos mismos se imponen, podemos esperar sentados a que se pongan de acuerdo respecto de los márgenes de la sociedad. Así, una de las herramientas no sirven para nada. Y la Ley queda también como algo inútil si no hay políticos dispuestos a afrontar los problemas de frente, con lo que la Constitución se convierte otro papel inútil.