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Castigar el empleo en negro puede hacernos llegar a los cinco millones de parados

escrito por Burrhus el elefante neocon 6 mayo, 2011

¡¡Hurra!! Una semana después de anunciarlo, se ha publicado en el BOE la penúltima idea del Gobierno para luchar contra la crisis. Tenemos casi cinco millones de parados y más de 300.000 empresas menos que al principio de la crisis, de modo que cualquier cosa que haga el Gobierno puede ser entendido en el exterior como que no han tirado la toalla debería ser visto como una señal de compromiso y responsabilidad. Claro, que si se sigue la línea que en otras medidas tan aciagas como el Plan E, igual no tendrían tantos motivos para la confianza.

¿Qué nos han vendido Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración, y los medios de comunicación?

1.- Aumentar las sanciones.

El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió hoy viernes, tras el Consejo de Ministros donde se aprobó el plan, que el real decreto de medidas para la regularización y control del empleo sumergido se centra en “advertir con tiempo suficiente de que la legislación se va a endurecer muy significativamente”.

2.- No habrá amnistías.

La regularización se llevará a cabo “desde el primer día”, ha añadido, “no miramos al pasadopero no habrá amnistía” para las empresas que, de hecho, pueden ser castigadas hasta el 1 de agosto con las sanciones previstas a día de hoy y, en el caso de ser multadas después, tendrían que pagar lo que adeuden a la Seguridad Social. Los derechos, según el ministro, sí se reconocerán “a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta”.

3.- No vamos a dar la brasa más de lo estrictamente necesario.

“No queremos perjudicar el empleo en las empresas”, ha señalado: “Queremos cuanto antes permitir que ese empleo aflore, en una situación difícil como la de este año”.

4.- La inspección va a trincar a todos.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha anunciado hoy que la inspección laboral se intensificará y “redoblará“, para perseguir el empleo sumergido que no salga a flote con el plan que aprobará el Consejo de Ministros este viernes para que aflore.

Como ya sabrán, en esta casa tenemos la sana costumbre de leer las leyes y los datos con lupa (estamos pendientes de que alguna generosa multinacional de los lobbies petrolero, nuclear o del carbón nos pague un microscopio electrónico). Y, como de costumbre, conviene dejar claro lo que dice este Real Decreto-ley. Es interesante estudiar las razones por las que se ha tomado un texto como éste. Así, se justifica esta medida en que:

[…] los perjuicios del trabajo no declarado se proyectan, de un lado, directamente sobre la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad común, dificultando sus propias posibilidades de crecimiento dentro de dicho marco; y por otra parte, sobre la disminución, cuando no eliminación, de las posibilidades de protección social de los propios trabajadores afectados y de sus condiciones de vida y de trabajo, en un momento en el que precisamente pueden ser más vulnerables ante las contingencias diversas relacionadas con el ciclo económico.

Por otro lado, estos comportamientos y actitudes sociales dificultan la recuperación económica y los objetivos nacionales de reducción del déficit público, precisamente cuando se aumentan las necesidades del gasto en protección social.

La culpa del déficit público la tiene el gobierno (éste y los anteriores, pudiéndonos remontar a Felipe González) por endeudarnos hasta las trancas. Por otra parte, es obligatorio reflexionar sobre la legislación laboral. No es una cuestión de si es demasiado alta o demasiado baja, sino de que no se genera la riqueza suficiente como para poder cumplir los requisitos establecidos por la legislación. Pensarán que un salario mínimo de 624 euros es una miseria, y más aún con el nivel de vida que tenemos. En negro, el salario que te dan puede rondar los 500 euros. Puede que más, pero sin cotizar. Y den las gracias, porque la alternativa a tener un salario en negro es no tener salario y ni para comer y la tasa de paro en algunas provincias supera el 30%.

Ahora sí, analizamos la normativa.

La idea básica es: Si un empresario tiene a un trabajador al que no ha dado de alta en la Seguridad Social, puede regularizar la situación de alta. Normalmente, implica que si uno confiesa que no ha dado de alta al trabajador, además de pagar lo que debe, se le aplica la TRLISOS, que viene a ser como las multas que te puede poner por infringir las normas de tráfico pero mucho más duras. Ahora, y hasta el 31 de julio, no. ¿Por qué?

Primero, porque ahora se pueden negociar los plazos en los que se pagaría. Si eres bueno negociando, hasta en cinco años en cómodos plazos, o incluso más, si eres muy bueno (negociando). Salvo si se es dueño de un club de fútbol.

¿Qué se retrasa? “[…] Las cotizaciones a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta correspondientes a las altas”. Sólo en cuotas a la Seguridad Social, un sueldo bruto de 18.000 euros anuales se reduce un 29%. Ahora, sumen los meses que han tenido a un trabajador en negro, y hagan sus cálculos.

Segundo, porque durante unos meses, la TRLISOS no se aplicaría por estos conceptos:

Las situaciones […] anteriores sobre los trabajadores afectados por la regularización, no podrán ser objeto de las sanciones administrativas previstas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social […] para las infracciones tipificadas en dicho texto legal relacionadas con tales situaciones […].

Salvo si, una vez puesto en alta, se despide al trabajador por motivo improcedente o nulo, en cuyo caso caen las sanciones de costumbre.

Después, el texto añade y modifica algunos tipos de infracciones graves en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social relacionados con el alta de trabajadores… y las sanciones. Que pasan de durísimas a terroríficas:

Antes:

Grado mínimo: 626 a 1.250 euros.

Grado medio: 1.251 a 3.125 euros.

Grado máximo: 3.126 a 6.250 euros.

Ahora:

Grado mínimo: 3.126 a 6.250 euros.

Grado medio: 6.251 a 8.000 euros.

Grado máximo: de 8.001 a 10.000 euros.

Todo esto, por cada persona. Hay más cambios en otras sanciones que no están relacionadas con el tema. Con estos datos, y una consulta con el Oráculo de Delfos, concluyo que:

1.- Esto es una amnistía. O un nuevo reconocimiento implícito del fracaso de nuestra legislación laboral. Sólo así se entiende que la única condición para dar de alta a los trabajadores irregulares sea pagar las cuotas que se adeudan.

2.- La medida tiene un claro objetivo recaudatorio. Ni se facilita la creación de empresas ni la contratación. Se sanciona por violar una ley. Otra cosa muy distinta es que maquille la estadística, especialmente la de afiliados a la Seguridad Social. Y afectará a pequeñas y medianas empresas, que son las que más problemas están teniendo para sortear la crisis.

3.- Se van a producir tres tipos de respuesta: Los que mientan y digan que se trata de una nueva contratación; los que defrauden, no den de alta a sus trabajadores y se arriesguen a que les cojan; y los que sean honestos y tengan que cerrar el negocio por no poder hacer frente ni a los riesgos de ser capturados por la Inspección de Trabajo ni por los costes de contratar legalmente a trabajadores.

4.- No va a haber ninguna empresa que diga que ha contratado a gente en negro. Si una empresa decide darle el alta a un trabajador con el que ya contaba en negro, lo hará diciendo que no se le había contratado previamente, aunque se exponga a una fuerte sanción si se descubriera lo contrario.

5.- Podemos llegar perfectamente a los cinco millones de parados. Me temo que, cuando han hecho la medida, no se han planteado que los se paguen sueldos por debajo del salario mínimo. En Andalucía y en otras muchas Comunidades Autónomas con tasas de paro superiores al 25% puede haber mucho contratado así.

6.- Aquellos trabajadores que ahora mismo tienen muchos problemas para encontrar un trabajo van a ver muy aumentadas las dificultades para conseguirlo. El trabajador español, lamentablemente, es poco productivo, y su mejor opción es el mercado negro. Esa opción se ve ahora claramente amenazada.

7.- Es inconcebible que el Ministro de Trabajo crea que, por arte de magia, la Inspección de trabajo vaya a redoblar el esfuerzo en la persecución de quienes contraten en negro. Para redoblar el esfuerzo hacen falta, para empezar, una de dos cosas: O una normativa que permita mayores poderes a la Inspección para que pueda actuar de oficio, cosa que no se da; o un aumento en el número de inspectores y subinspectores, número que ha estado disminuyendo en los últimos años (las convocatorias para nuevos inspectores se han reducido a un tercio en comparación con la convocatoria de 2009).

8.- La medida estará vigente hasta el 31 de julio de 2011.  Las consecuencias en la afiliación en la Seguridad Social las veremos antes. Los efectos en la sociedad, después.