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Derecho a la vivienda digna: a medio camino entre la corrupción y la inoperancia

escrito por Burrhus el elefante neocon 16 marzo, 2010

parlamento andalucia¿Cuál es la diferencia entre Andalucía y el resto de España en materia urbanística? En España, la financiación de los ayuntamientos para llevar a cabo “sus funciones” es insuficiente, y tiran de pelotazo urbanístico para poder intervenir. El ayuntamiento controla la disponibilidad de suelo edificable. Además, los suelos se pueden recalificar, y un suelo no urbanizable que no valía ni dos duros puede acabar valiendo una fortuna, pueden ganar una fortuna tanto el propietario del terreno como el ayuntamiento. Todo normal, hasta que la burbuja explota, con el resultado de cuatro millones de parados. En Andalucía es eso y, además, que lo sabemos y nos da igual. El lector pensará que no, que este problema se reproduce en todas las comunidades de España de manera sistemática, pero mientras no tiene pruebas de que al menos los políticos agravan la situación con nuevas leyes, yo sí.

Dado el sistema de financiación, fiarse de los políticos en materia urbanística es uno de los mayores saltos de fe que se le puede pedir a una persona. Pero a parte de lo que lleva aparejada la corrupción, la consecuencia de este sistema era que se encarecía artificialmente el precio a través de la manipulación de la oferta. Aún así, el stock de vivienda se disparó, de modo que hay más de millón y medio de viviendas vacías, 100.000 de ellas, en Andalucía. Los precios tanto de los alquileres como de la compra de pisos van a caer con la misma fuerza e inexorabilidad que la manzana de Newton.

Lo normal en todo este asunto sería llevar a cabo una revisión de las leyes, así como de la financiación, modificar lo pertinente y a ver qué tal funciona. Y, a ser posible, sin demagogia. Pero estamos hablando de Andalucía. Uno puede escuchar muchas cosas cuando se levanta de la cama y pone la radio. Si son anuncios, malo. No ya porque te vayan a repetir por quincuagésima vez el chiste de Gomaespuma, sino por la propaganda institucional. Si lo primero que escuchas es que la Junta de Andalucía garantiza, gracias a una nueva ley, el derecho al acceso a una vivienda “digna, social y sostenible” (sí, como lo leen: digna, social y sostenible), acabas de mal humor para lo que queda de día. Debe ser que nos sobra el dinero, porque la cuña en cuestión no fue la única campaña publicitaria que se ha hecho. Por tener, tiene su propia página en Facebook y un vídeo en Youtube:

El caso es que me ha dado por mirar la Ley, y no sólo creo que no resuelve ninguno de los problemas que existen, sino que creo que los agrava.

Empecemos por el Preámbulo:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

Huelga decir que ese artículo de la Constitución ha fracasado miserablemente, por no decir que ha favorecido la especulación que decía combatir. En esto se ampara esta ley. Sigamos con el preámbulo:

En desarrollo de lo previsto en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, las políticas públicas en garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada permitirán ayudar a las empresas y a las personas trabajadoras del sector de la construcción que desarrollen su actividad en la Comunidad. Ello, en un marco de relaciones que se caracterizan por los mecanismos de diálogo y concertación social de tales políticas públicas […] destacando la función relevante de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Es decir, que el Estatuto de Andalucía para Andalucía fomenta la intervención estatal en connivencia con el sector de la construcción. Y a todo esto: ¿qué pintan los sindicatos en la construcción de viviendas? Además, la ley nos dirá cómo serán las casas:

De la misma manera, la opción por la construcción de viviendas en Andalucía, de acuerdo con parámetros de sostenibilidad y eficiencia, contribuirá a que el parque de viviendas se convierta en un elemento que favorezca la reducción del consumo energético, de manera coherente con las finalidades que son propias de la política medioambiental.

Y los andaluces, como siempre, más chulos que un ocho:

En particular, la actividad de las Administraciones Públicas se habrá de dirigir a hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada.

La presente Ley otorga al derecho a la vivienda un carácter finalista, al definirlo como el que satisface las necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, permitiendo una vida independiente y autónoma y favoreciendo el ejercicio de los derechos fundamentales.

¿Y qué criterios han de recoger las nuevas viviendas para ser consideradas “dignas”? Como el post se está haciendo demasiado largo, resumiré el artículo 3: Que se cumpla con la normativa urbanística vigente y la que se formule de forma complementaria. Es decir, nada nuevo.

La gracia del asunto es cómo se ordena el suelo. No cambia absolutamente nada. La Junta sigue teniendo sus competencias a la hora de ordenar el suelo, rehabilitar viviendas, fomentar el alquiler, etcétera. Los ayuntamientos hacen sus planes municipales de urbanismo, con su correspondiente chanchullo. Lo único “distinto” es que la Junta podrá establecer reservas para vivienda protegida en cualquier clase de suelo (artículo 15).

¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas? El más significativo, en mi opinión, es el de los ingresos:

a) Carecer de unos ingresos económicos que, computados conjuntamente en su caso con los de su unidad familiar, les permitan acceder a una vivienda del mercado libre en el correspondiente municipio.

Mi deducción es que sean los mismos requisitos para acceder a la Vivienda de Protección Oficial las que se exijan. Nada nuevo.

Ya sabemos que la ley no va a mejorar ningún problema de fondo que padece la sociedad andaluza respecto de la ordenación urbanística. ¿Qué cambia con la ley? Las posibilidades de acceder a una vivienda.

Artículo 9. Ayudas públicas y otras medidas de fomento.
1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, los planes de vivienda y suelo recogerán las modalidades de ayudas para la vivienda protegida que se consideren necesarias, como pueden ser:
a) Préstamos cualificados.
b) Subsidiaciones de los préstamos.
c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda.
d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del alquiler.
e) Ayudas específicas a los jóvenes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda.
f) Ayudas a las personas promotoras.
g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler y el arrendamiento con opción de compra, dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas más bajas.
h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se fomentarán especialmente las actuaciones de los promotores públicos.
i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.
2. Asimismo, los planes de vivienda y suelo podrán promover otras medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre y la mejora del parque residencial, como:
a) Incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas.
b) Oferta de viviendas en régimen de alquiler.
c) Ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios.
d) Medidas para el desarrollo del suelo residencial.
e) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

viviendas_construccion

Visto así, parece un catálogo de medidas que el político de turno puede adoptar en función de las necesidades. Resumiendo los contenidos: manipulación del mercado crediticio a través de las Cajas de Ahorro, redistribución del dinero de los contribuyentes, más ayudas al alquiler, ayudas a promotores (¿?), más vivienda protegida… o lo que es lo mismo, mayor manipulación del mercado de la vivienda. Y, para colmo de males, el artículo 24 afirma que si tras haber pasado el plazo de dos años (2012), una persona demanda una vivienda pero no se la conceden, puede poner una reclamación por el procedimiento administrativo para que la Junta de Andalucía “cumpla con sus obligaciones”.

Nótense las siguientes circunstancias:

– Una de las medidas es el desarrollo del suelo residencial y la rehabilitación de viviendas y edificios, cuando hay en Andalucía casi 100.000 viviendas vacías. No sólo no resuelve el problema de la corrupción urbanística, sino que además puede provocar una disminución todavía mayor en los precios de la vivienda.

– Dada la cultura que tenemos en Andalucía, la gente puede hacer auténticas filigranas para que sus ingresos declarados sean más bajos que los reales con tal de acceder a este plan.

– Con estas medidas, si ya tenemos cerca de 100.000 viviendas vacías en la comunidad, es muy probable que ese stock siga ahí, de modo que aquellos que necesiten vender la vivienda se enfrenten al Estado, y con los precios impuestos por él no pueden competir.

– Si el ciudadano no tiene la vivienda que quiere, puede reclamar al Estado para mejorar las condiciones.

– Frente a una crisis originada por la burbuja creada alrededor del sector del ladrillo, la solución sigue siendo el ladrillo.

Ironías de eficiencia estatal: mientras la mayoría de los mortales invertimos en cosas que tengan más valor en el futuro, el Estado lo hace para que su producto final tenga menos valor. ¿Por qué? Porque si no fuese así, los ayuntamientos tendrían unos ingresos exiguos para cumplir con sus obligaciones. Pueden estar encantados de que el ciudadano les demande.