El fin del bilingüismo en Cataluña

4 comentarios

1. Harturo

   octubre 28, 2005

   

   Al respecto, la opinión un señor muy lúcido en estas cuestiones

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2. Lomi

   octubre 28, 2005

   

   Ellos serán quien lo pague. Ellos y sus hijos.

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3. Oriol

   febrero 7, 2006

   

   Habrá que hacer una campaña también a favor de la Cataluña plural…

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4. Harturo

   febrero 7, 2006

   

   Dicen algunos políticos autonómicos, y lo ha confirmado el TC (el español), que por razones de integración y cohesión social, y salvo en la primera fase de la incorporación a la escuela (salvedad que los dirigentes de la Generalidad de Cataluña, en su soberbia, prefieren ignorar), el poder autonómico puede seleccionar una lengua cooficial como “vehicular” de la enseñanza, sin que los ciudadanos tengan derecho a elegir.

   Opino que, si en algún territorio dentro de España y con esa base, se niega enseñanza “en” castellano a quienes lo desee, la administración que lo hace, pretendiéndolo o no, ha vuelto en este asunto a los errores del franquismo, por los mismos fundamentes de entonces, creyendo que debe imponer una lengua como fuente de cohesión social, negando a los ciudadanos el derecho a elegir tipo de enseñanza, y careciendo de lealtad con las minorías, como el dictatorial régimen anterior.

   En la época franquista, mucha gente estaba de acuerdo en principio con la idea de instaurar una democracia, pero no se adherían activamente a ella por el temor a que el establecimiento de plenas libertades e igualdad de oportunidades para todos llevase a lo que se denominaba “la vuelta a la tortilla”, de modo que se pasaría de un abuso al contrario. Este miedo impedía a bastantes aceptar en la práctica los planteamientos democráticos. En general no ha resultado así, pero hay aspectos en los cuales cabe pensar en los temores de hace tantos años…

   Dentro de nuestras comunidades autónomas no es lo mismo reclamar enseñanza en quechua o fujianés o gaélico que en castellano, porque el castellano, mal que pese a algunos, es también lengua oficial en el territorio de cada una de las cc.aa., y porque muy posiblemente la demanda de enseñanza en castellano no será propia de algún individuo aislado sino de grupos significativos, aunque en algún caso o lugar fuesen minoritarios. Paso un par de hallazgos que no sorprenderán a casi nadie

   a) En el estudio 22298 del CIS sobre uso de lenguas en las comunidades bilingües y actitudes de los padres españoles ante la educación de sus hijos que ha dirigido el catedráticoVictor Pérez-Díaz, pasado por Harvard y el MIT, liberal y no precisamente un “patriota de hojalata” a juzgar por otros escritos suyos, se recogen datos como estos:

   - Ante la afirmación de que en las escuelas públicas la enseñanza deba darse sólo en Cataluña, el 27.5 % de los encuestados afirma estar más bien de acuerdo, mientras que el 69.9 % se muestra más bien en desacuerdo.

   - El 39.9 % de los padres encuestados en Cataluña afirma preferir el catalán como lengua “vehicular” exclusiva o preferente, el 24 % una enseñanza bilingüe y un 30 % una enseñanza en castellano, exclusiva preferentemente.

   b) A mayores, en una reciente encuesta encargada por la Generalidad sobre la imagen de Cataluña en “la resta del”, el 44.7 % de los encuestados en Cataluña mantiene que la enseñanza del catalán debería ser sólo voluntaria, frente a un 52 % que avala su obligatoriedad.

   Cuando el fracaso escolar de los niños castellanohablantes sumergidos triplica al de los admirables niños catalanoparlantes surge la cuestión de si son los ciudadanos o las utopías lingüísticas de algunos quienes tienen los derechos. En último término fueron gobiernos de centro – derecha españolista los que finalizaron con la enseñanza única en castellano y extendieron a todos los españoles el derecho a elegir como lengua vehicular de su educación la general del Estado o la particular de su región, derecho que se hace efectivo gradualmente.

   Y recuérdese además que, aunque se interprete autorizadamente que admite sistemas de lengua única no optativa, nuestra Carta Magna no otorga ni reconoce explícitmente todo derecho de los españoles (patria potestad, p.e.) ni garantiza por sí misma el acierto de lo que se haga bajo su amparo; sin ningún ánimo de equiparar, los españoles cometemos muchas insensateces y algunos actos nefandos sin violar la CE; las políticas que aumentan el paro o la legislación que eliminando controles y, favoreciendo la discrecionalidad (de allí viene la OPA), dispara la corrupción no fueron malintencionadas ni pudieron ser declaradas anticonstitucionales u sin embargo son causa de algunos de los peores problemas políticos y morales de España

   Cualquer administración, la estatal y las autonómicas, debe ser leal con los ciudadanos que deben acatarlas. Sería aberrante, en pleno siglo XXI, buscar la recreación de una nacionalidad mediante leyes reductoras de los derechos de las minorías residentes; quizá con el temor de que las minorías no sean tales, ¿verdad señores del PSC?

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