Home Economía El sistema estatal de pensiones no es un sistema (I)

El sistema estatal de pensiones no es un sistema (I)

escrito por Adria Perez Marti 12 julio, 2005

Hace unos día Antonio Yuste escribía en esta sección un artículo en el que se lamentaba del sistema nacional de pensiones (un sistema de reparto). Un sistema desolador y deprimente que no funcionaba y que, por tanto, no podía calificarse de sistema.

Yo voy a añadir otras ideas que creo que, aunque las hayamos podido leer en otros sitios, no estaría mal ponerlas juntas otra vez.

La tesis fundamental es que un sistema de reparto conlleva una serie de problemas que no aparecen en un sistema privado de capitalización. En un mercado libre, el actual sistema de pensiones no existiría porque su funcionamiento implica la realización de un fraude. Se trataría de hacer pagar a B la pensión de A a cambio de que B recibiera en un futuro la pensión de C, sujeto que nada sabe del contrato y que nada recibiría a cambio a no ser que consiga concertar ese mismo contrato con D, otra persona que nada sabe a cambio y que no tiene por que aceptar. D, así mismo, con E, entrando así este tipo de contrato en un proceso en el que finalmente se incluiría a personas nonatas, aumentando así la inseguridad jurídica de dicho contrato. De ahí que haga falta la imposición y la coacción para que la ciudadanía lo use. De otro modo, si fuera el mejor sistema, ¿por qué imponerlo? Sería voluntario.

La realidad es que, por lo menos hace unos años, el tema de las pensiones ha sido un tabú que pocos (sobre todo políticos) no se han atrevido a criticar. Nadie lo criticaba pero todo el mundo se quejaba: los trabajadores por pagar demasiado, los pensionistas por no cobrar lo suficiente, las empresas por tener elevados costes laborales, y los contribuyentes por pagar grandes cantidades a un sistema que ven insolvente a largo plazo. Y todas las quejas son igualmente justas.

Hoy en día la situación ha cambiado. Las críticas ya son numerosas. Y por eso convendría ver el desastre del sistema estatal para favorecer la concienciación de cara a una posible reforma o “desenganche voluntario” hacia un sistema en el que tanto los empresarios como los trabajadores (en realidad toda la población) saldrían beneficiados.

En un comienzo, la introducción de sistemas públicos de pensiones de reparto pudo haber sido una medida tremendamente política. Se creaba un sistema demagógicamente fácil de explotar con unos costes iniciales que podían asumirse sin grandes dificultades. Se trataba de beneficiar a los jubilados y así fidelizar unos cuantos votos.

Sin embargo, por aquel entonces no se daba uno de los problemas que afecta hoy a este apartado de la Seguridad Social y que lo hacía más fácilmente asumible. Hoy, la población envejece y la relación entre los trabajadores activos que pagan las pensiones y los jubilados del momento que las reciben se deteriora. Hay menos de los primeros y más de los segundos. Las cargas que deben soportar los trabajadores activos crecen en espiral, hasta que llegará un punto en el que será imposible mantener con los impuestos del trabajo (contribuciones) las pensiones prometidas.
Así, las tensiones aparecen inevitablemente (como siempre que se actúa bajo coacción). Con este sistema se ha creado un vínculo obligatorio intergeneracional que antes se realizaba dentro del ámbito personal, familiar y voluntario. Se provoca una situación de dependencia de los pensionistas con los contemporáneos trabajadores. Aquellos, ahora, suponen una carga -eso sí, menor de la que supondrá mantener a los trabajadores de hoy (futuros pensionistas) por los trabajadores del mañana.

Tampoco existe seguridad de lo que percibirán los jubilados del mañana –que son los que ahora no dejan de aportar su dinero para la jubilación de otros. Dependerá de lo que en el futuro los trabajadores de las próximas generaciones quieran gravarse para pagar lo que sus pensionistas se prometieron.

Se fabrica un extraño incentivo (político) según el cual, lo que se busca ya no es la protección de uno o de su familia, sino la protección de otros obligatoriamente. Es decir, una protección política para ganarse los requisitos administrativos que en su día le otorgarán (al menos teórica y burocráticamente) el derecho de recibir prestaciones. Con esto se adulteran los incentivos personales, se destruye la responsabilidad individual y se estataliza la protección. Con tal sistema, se limita la capacidad y la independencia de todos y se somete a todos a depender con gran incertidumbre de lo que hagan las generaciones futuras. A las cuales, por supuesto, no se les ha consultado si querían participar en tan caótico sistema Se supone que también se les obligará.

Con tal política no sólo se distorsiona la armonía que humanamente se puede alcanzar entre las personas en una sociedad de intercambios libres y voluntarios. Se asientan unas bases, unas pautas de conducta viciadas, que conducen a graves consecuencias económicas.

Una de ellas es la falacia de las contribuciones. Por un lado, nos referimos a contribuciones cuando de lo que estamos realmente hablando son de imposiciones. ¿Cómo puede haber una contribución impuesta, obligatoria? Eso no es una contribución, que es algo voluntario. Es una imposición. El lenguaje se pervierte. En términos orwellianos: “lo obligatorio es voluntario”.

Por otro lado, se trata de pagos que realiza el trabajador, no del empresario. La apariencia jurídica puede ser que es el empresario quien contribuye. Sin embargo, el empresario descuenta la contribución del salario total que percibiría el empleado. Ocurre lo mismo con las vacaciones pagadas. El contratante no paga ese mes que el trabajador no trabaja. El empresario descuenta del salario anual ese periodo de tiempo que su empleado no producirá nada. Esa falsa impresión también ha sido prefabricada por la propaganda estatalista.

Además, la imposición de contribuciones a los trabajadores puede agravar al mismo tiempo las consecuencias de otra ley coactiva: la de los salarios mínimos. Así, si después de que el empresario descuente del salario las contribuciones se está por debajo de lo marcado por el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) el empresario no contratará a dicho trabajador. Por tanto, se tratan de imposiciones profundamente regresivos y creadoras de desempleo.

Por otra parte, la implantación de un sistema de reparto destruye algo fundamental en toda economía, básico para el desarrollo del género humano. Se influye negativamente en parte de los hábitos de ahorro de la población. Ya no se tienen incentivos para atesorar de cara a los días de madurez. La responsabilidad y capacidad de cada uno en protegerse a sí mismo y a los suyos (y en proteger a los demás, a los que uno cree necesitados, basándose en una opción personal, moral y voluntaria) se ha prohibido y minorado.

El intercambio que podría darse con ese ahorro se elimina. Así, una de las principales funciones que se dan en el capitalismo, si no la principal, se ve seriamente deteriorada. El potencial del capitalista se merma considerablemente. La financiación que adelanta al empresario y que será usada para fabricar instrumentos y organizar la producción de cara a la mejor satisfacción del consumidor, desaparece. La estructura de la producción se ve disminuida. Ya no es tan compleja, tan ancha y larga por que no hay ahorro con qué invertir. La producción se vuelve más rudimentaria de lo que podría ser con mayor cantidad de ahorro. Y eso significa que la población, por entero, se ve privada de una mayor y mejor oferta de bienes y servicios. Como consecuencia, el nivel de vida es menor de lo que podría ser con más ahorro que hubiese provenido de un adecuado sistema de capitalización, y los más perjudicados resultan ser los que tienen menos recursos.

Por último, hay una serie de problemas que nacen de la naturaleza de un sistema artificial impuesto desde arriba. Como modo de actuar contrario a la libertad, este sistema estatal impide el libre ejercicio de las actividades económicas de los hombres. El desarrollo espontáneo de nuevas fórmulas que saldrían continuamente para intentar resolver los problemas que en lo referente a las pensiones podrían surgir, se ve obstaculizado casi totalmente. El juego de la empresarialidad a lo largo del tiempo de cara a conseguir sistemas que cada vez sean más eficientes y respondan de mejor modo a las demandas de los consumidores, de la población, se para. De este modo, la agresión institucional que supone este apartado de la Seguridad Social detiene la evolución e impide la creación de instituciones en el ámbito de las prestaciones por viudedad, orfandad, invalidez o supervivencia.

Hasta aquí, los problemas de carácter económico. En el próximo artículo sobre pensiones hablaremos de los problemas de carácter más ético y de la contradicción interna (bastante llamativa) de este sistema, así como de los beneficios que podrían florecer con sistemas privados de capitalización.